La oposición legislativa presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia Federal con competencia en lo Contencioso Administrativo para frenar la investigación que el kirchnerismo decidió realizar en la Comisión de Juicio Político sobre el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt.
La presentación de la UCR, el Pro, la Coalición Cívica, el Frente Renovador y el juecismo, pide además que se dicte una medida cautelar a fin de impedir a los diputados K, que integran la menciona comisión, llevar adelante las medidas de prueba aprobadas el pasado martes tendientes a determinar si el longevo juez puede, debido a su avanzada edad, realizar su trabajo adecuadamente.
La medida judicial opositora fue firmada por el presidente del bloque radical, Mario Negri, y por los cinco diputados de ese bloque que integran la Comisión de Juicio Político: Diego Mestre, Gustavo Valdez, Julio Martínez, Juan Casañas y Miguel Giubergia.
El mismo escrito fue rubricado por los massistas Alberto Aseff y Graciela Camaño; los macristas Federico Pinedo y Pablo Tonelli; el cívico Fernando Sánchez y la juecista Graciela Villata.
Inconstitucionalidad
En la acción de amparo se solicita la inconstitucionalidad de la apertura del proceso investigativo en contra de Fayt. El escrito comienza explicando que el expediente que dio origen a la investigación se encuentra caduco por haberse iniciado en el año parlamentario 2014.
En segundo lugar, se explica que la Comisión carece de competencia para tratar el tema porque sólo está habilitada para recibir denuncias que soliciten el juicio político de algún funcionario público pasible de él.
De este modo, el procedimiento llevado a cabo por la Comisión viola su propio reglamento interno y el reglamento de la Cámara de Diputados. En tercer lugar, se denuncia el hecho de que la presidencia de la Comisión no permitió a los miembros de la oposición presentar los fundamentos para oponerse al accionar de la misma.
“Sólo ordenando la suspensión de la aplicación de la resolución es posible resguardar los derechos y principios conculcados, en tanto el caso contrario implicaría que los perjuicios ocasionados se conviertan en definitivos e irreparables, generando un precedente peligrosísimo para la estabilidad democrática”, agregan los diputados opositores al pedir una medida cautelar.
Por otro lado, ayer la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la camporista Anabel Fernández Sagasti (FpV-Mendoza) afirmó que los diputados K podrían acudir al “auxilio” de la fuerza pública para obligar a más de una decena de trabajadores del Poder Judicial y periodistas citados a que concurran a brindar testimonio a la Comisión sobre el estado de salud de Fayt.
El kirchnerismo se vio sorprendido porque el primer ciudadano citado a testimoniar es el periodista oficialista Horacio Verbitsky (quien en una columna en el diario Página 12 denunció hace dos semanas que Fayt no estaba cumpliendo con su rol por problemas de salud) y éste avisó que no estaba dispuesto a acudir porque consideró que el procedimiento de abrir una investigación de esta índole era “ilegítima” ya que no hay un pedido de juicio político en contra de Fayt.
“Lamento las posiciones que ya adelantaron que no van a venir. La comisión se auxilia de la Justicia y podemos pedir ayuda en las citaciones, al igual que en la cuestión de un allanamiento”, dijo ayer la mendocina Fernández Sagasti.
¿Quiénes son los funcionarios judiciales que el kirchnerismo citó a la Comisión de Juicio Político? El secretario general de la Corte, Alfredo Jore Kraut; los secretarios letrados Cristian Abritta, María Cecilia Hockl, Pablo Hirschmann, Gisela Dambrosi y Marcos Morán; los secretarios privados del juez: Adriana Vázquez, Rosario Hornos y Matías de las Carreras, y el chofer Mario Degamba.
Además, se citó a los periodistas Verbitsky de Página 12; Ana Wainer, periodista de CN23 y los realizadores del programa radial Gente de Derecho, Leonardo Scolpatti y Sergio Paz.
Por otro lado, el kirchnerismo insistió ayer en la necesidad de que Fayt deje el cargo que ocupa desde 1983. Quien lo manifestó fue el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, uno de los precandidatos a la gobernación bonaerense que no ha declinado su pretensión.
En diálogo con radio La Red, Domínguez explicó que “si a los 75 años se tienen que jubilar y conseguir la autorización cada 5 años del Senado, (tendría que) dar un paso al costado y facilitar que la República funcione como manda la Constitución”.
Piden juicio político contra Menem "por senilidad"
La senadora nacional por la Coalición Cívica ARI, Magdalena Odarda, reclamó ayer que se inicie juicio político al ex presidente y par en la Cámara Alta, Carlos Menem, por “senilidad”.
“Ante el brutal ataque contra un juez intachable y en funciones como (Carlos) Fayt, debemos aplicar el mismo criterio e iniciar juicio político a un senador con inasistencia perfecta, que sólo cumple el rol de lograr mayorías forzadas para el kirchnerismo”, indicó la candidata a gobernadora por Río Negro.
En un comunicado, Odarda dijo que “como ocurriera durante la década del ‘90, Menem y el kirchnerismo siguen siendo socios” y señaló que “la tarea del senador Menem es casi nula; sólo asiste a las sesiones a pedido del oficialismo, cuando lo necesitan para que brinde su voto para aprobar algún proyecto vergonzante”.
“El kirchnerismo que hoy acosa despiadadamente a un juez que continúa en funciones, pese a su avanzada edad, no tiene inconvenientes en arrastrar hasta el recinto de sesiones a un senador con su salud en evidente deterioro, para que vote lo que ellos necesitan”, advirtió.
