El trámite para nombrar al fiscal de Estado es el mismo que se sigue para nombrar magistrados de la Justicia provincial. Los nomina el gobernador, que remite los antecedentes al Senado. Éste hace una audiencia pública y recopila denuncias o adhesiones al postulante. Luego, en sesión secreta, los senadores prestan acuerdo o rechazan la designación.
Joaquín de Rosas debió sortear todos estos pasos. Durante la audiencia pública se conocieron las denuncias del abogado Alberto Ortubia, que hoy De Rosas usa para su estrategia de hacer caer las actuaciones.
En los juicios de expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo, Fiscalía de Estado puso un tasador que cotizó las tierras entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado (según fuera terreno liso o con accidentes), mientras que el Tribunal de Tasación del Gobierno de Mendoza (organismo que debe intervenir en las expropiaciones) cotizaba $ 2,76 el metro cuadrado.
Terminado el juicio de Vila y de Dalvian, la cotización de Fiscalía de Estado quedó fija. Cuando los otros cuatro expropiados pretendieron cobrar lo mismo, De Rosas apeló las sentencias. En el fallo del 8 de marzo de 2012, la Suprema Corte dijo que no se explica por qué no actuó igual con Vila y Dalvian.
