La confirmación de la visita a Mendoza del interventor nacional del Enargas, David Tezanos, y la decisión de la jueza federal Olga Arrabal de concederle y a la vez marcarle la cancha a Ecogas en la causa judicial que mantiene frenadas las subas de tarifas.
Es parte del saldo que dejó una reunión en la Legislatura ayer, con faltazo sin aviso de Ecogas (presentó un escrito con lo realizado) y Enargas, 2 de las 4 partes citadas.
Además de Arrabal también la ONG Protectora dijo presente, en una encendida defensa “anti-tarifazo” de casi 700% que motivó la medida cautelar suspensiva. Pero fue Arrabal quien confirmó la postergación de resoluciones hasta la sentencia final, y su rechazo a otros aspectos.
“Se le pedirá a Ecogas que se retracte de considerar que la cautelar entra en vigencia el 30 de mayo”, señaló la jueza, respecto a las condiciones de la refacturación obligada.
A su criterio, el expediente iniciado por Protectora “está en una etapa procesal compleja”, por la disputa de competencia con su par del 5to Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal, Alejandra Biotti.
Así y todo, descartó que la leyenda impresa en las nuevas facturas por la cual Ecogas hace reserva de derechos para reclamar una compensación económica tras el amparo (en setiembre) tenga aplicabilidad.
“Las reservas de derechos, tienen validez relativa. Cobrar no es algo que dependa de Ecogas”, consignó la magistrada.
Tras considerar que “el precio del gas es bajo y se necesita asegurar el suministro a muchas zonas” que carecen de él, lo que generó murmullos de desaprobación, Arrabal confirmó la denegatoria a la pretensión de la compañía de que el tope del 80% autorizado se aplique íntegramente al ítem “costo de distribución”, el único que subió desde 2014 (más del 20% del ingreso).
Asimismo, desestimó la denuncia formulada por Protectora contra Cuyana, por facturas con cargo fijo superior al tope, del orden de los $162. Según Arrabal “es poco significativo como para afectar la economía de los usuarios”.
Pocos dichos lograron aplacar los ánimos caldeados en un Salón de los Pasos Perdidos, abarrotado por dirigentes sindicales. Entre otros, Gustavo Correa (CTA), Adrián Mateluna (Sute) y Rubén Palau (Apyme), junto a uniones vecinales y jubilados.
Ni siquiera el sinceramiento del secretario de Servicios Sergio Marinelli, acompañado por la vicegobernadora Laura Montero, al calificar de “brutal” el ajuste “después de años de una política diferente”.
El funcionario achacó parte de lo ocurrido a Ecogas “por el problema de la comunicación y se lo hemos dicho a los directivos de la empresa”. Y remarcó que la Provincia carece de potestad para sancionar a la empresa por los problemas generados.
La Corte podría evitar el "per saltum"
La decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Córdoba de suspender por tres meses la aplicación de los aumentos en las tarifas del gas podría permitirle a la Corte Suprema de Justicia evitarse tener que pronunciarse sobre los “per saltum” que sobre el tema presentó el Gobierno nacional.
Ese es el motivo por el que la noticia procedente de los tribunales cordobeses tuvo ayer una inicial buena acogida en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Todavía no hay una posición tomada sobre qué camino seguir, lo que podría estar hoy en la agenda de su habitual reunión semanal de los martes. Pero lo cierto es que el fallo de la Cámara cordobesa podría abrir el camino para un recurso extraordinario que después de ascender la escalera judicial terminaría en la Corte en un plazo de alrededor de un mes.
