Para el público, en general, el tema de las inversiones no deja de ser un dato anecdótico sin que se tome una dimensión de su real importancia para el crecimiento y la proyección de la economía. Este tema ha pasado a tener vital importancia si se tiene en cuenta que uno de los problemas que acarrea actualmente la economía argentina, y la mendocina, es la falta de inversiones.
Se calcula que la inversión mínima en el sector industrial debería ser del 10% del PBI a fin de remplazar maquinaria industrial amortizada, vieja y desactualizada tecnológicamente. De esta manera, se mantendría la capacidad productiva industrial en los mismos niveles.
Si se le agregan las inversiones en el sector servicios, vivienda u obras públicas, la inversión mínima debería estar en el orden del 20% del PBI anualmente para mantener lo que hay, sin crecimiento. Siempre se ha considerado que la más importante es la que se hace en el sector industrial, ya que es típicamente reproductiva. Es decir, son inversiones que posibilitan la fabricación de otros bienes, mientras que las que se hacen en vivienda no tienen carácter reproductivo.
Pero si se quiere crecer, las inversiones industriales deberían estar en no menos del 16% del PBI y las inversiones totales arriba del 27%, de manera de asegurar crecimiento con creación de empleo genuino.
La actual situación económica argentina está mostrando una situación de virtual estancamiento. Los datos oficiales que reflejan una tasa modesta del 2%, están calculados con una inflación mentirosa del 11%. Si se toma la inflación real, ese crecimiento desaparece. Uno de los motivos de la caída está centrado en la abrupta disminución de la tasa de inversión.
El problema cambiario
La mayor restricción para los inversores deriva de la situación de atraso de tipo de cambio que causa diversos efectos. El primero es que se produce un crecimiento de los costos medidos en dólares dadas las altas tasas de inflación y con ello una pérdida de competitividad, que ya lleva una acumulación de tres años. Este panorama no incentiva la inversión ya que se considera que invertir para vender a pérdida, no tiene sentido.
El segundo problema es para quienes quieren ingresar dólares a la Argentina, ya sea por aportes de casas matrices o con financiamiento internacional. En este caso, los dólares que ingresan se les liquidan al precio oficial, lo que genera una pérdida de capital de arranque, al cual se suma el problema de competitividad.
En el caso de Mendoza, el primero de los casos fue reflejado en una nota aparecida en Los Andes, donde se daba cuenta que estaban prácticamente paralizadas las inversiones en el sector vitivinícola. Salvo algunas empresas que han conseguido algún financiamiento o que ya habían pagado los equipamientos, no hay demasiadas perspectivas, porque tampoco el mercado se muestra expansivo.
Hay una caída en las exportaciones de vinos embotellados y un aumento de las ventas de vinos a granel. La profundización de esta tendencia se traduce en menor inversión y menos puestos de trabajo. Tanto en el mercado interno como en el externo hay un crecimiento de los vinos espumosos, pero aún es un volumen que no compensa las caídas de los rubros principales.
El segundo caso, y el más notorio, es el de la paralización de las inversiones de la minera Vale en el yacimiento de sales de potasio en Malargüe. En este caso, con una inversión prevista en más de 6.000 millones de dólares, la empresa se encuentra ante costos internos crecientes medidos en dólares, que complican la ecuación económica del proyecto.
Pero además, tiene el problema del precio al cual les liquidan los dólares que ingresan para financiar las obras de infraestructura que hacen, previo a la explotación del yacimiento. Cuanto mayor sea la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, mayor será la paralización de inversiones importantes que requieren financiamiento externo.
Por este motivo es que las declaraciones que en su momento hizo el gobernador Pérez, diciendo que “la explotación se hará con Vale o sin Vale” hay que tomarla como una expresión política pero sin sustento fáctico. Los mismos problemas que se presentan a la empresa brasileña están presentes en el análisis de cualquier inversor importante, como se requiere en estos casos.
El gobierno de Cristina Fernández ha mostrado un desprecio y hasta aversión por la inversión privada, sobre todo si es rentable.
La Argentina se enfrenta a un problema serio en el que el sector energético está en terapia intensiva. La mayoría de las distribuidoras presentan quebrantos por efecto de los congelamientos de precios y la única respuesta del gobierno es intervenirlas para ver si administran bien. Una actitud típica de funcionarios soberbios y teóricos que no admiten que la realidad se comporte de una forma distinta a como ellos la planifican.
Hay recordar que la inversión privada tiene la virtud no sólo de crear riqueza sino de generar empleo genuino, que luego estimula el consumo en el mercado interno. Por su dimensión, no puede ser suplida por inversiones públicas como obras y, mucho menos, empleo.
El gobernador se enfrenta a un problema serio, porque tiene cada vez más demandas sociales que atender y ahora se le suman problemas de demandas en el sector privado, que él no puede atender, pero cuyas soluciones deberían venir del gobierno central, pero no llegan.
Dicen que el gobierno nacional estaría preparando un plan para estimular las inversiones y habrá que esperarlo, pero si no se cambian las expectativas inflacionarias y se corrigen las causas que la originan, ningún plan tendrá efecto, por más bonito que suene en los papeles.
