El gran desafío inminente que afronta el gobierno de Alberto Fernández es resolver el conflicto de la deuda pública que mantiene a la Argentina al borde del default y cuyo mayor obstáculo es la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero en el horizonte asoman los enormes problemas de la economía que no se resolverán con medidas de emergencia sino con un programa que garantice el crecimiento sostenible y la reducción de la inflación.
Apenas asumió, Fernández instaló un esquema que buscó restablecer momentáneamente los equilibrios múltiples de la macroeconomía y que le permitiera tener margen de acción para sentarse a discutir con el Fondo.
Con el "plan verano" se desindexaron las jubilaciones, se desactivó el Consenso Fiscal con las provincias y se recurrió a facultades especiales en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para impulsar medidas que permitan estimular el consumo y sumar presión sobre los sectores generadores de divisas, fundamentalmente el campo.
La dimensión de la deuda pública es asfixiante: el total equivale al 80% del Producto Bruto Interno (PBI) y, según los cálculos de la Consultora Ledesma, los vencimientos de capital y de intereses de este año ascienden a U$S 57.618 millones. Hasta 2023, se deberán pagar U$S 191.119 millones, de los cuales U$S 42.358 son para el FMI.
"La condición para pagar es crecer". Ésa es la premisa con la que el Presidente analiza con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el rediseño del cronograma para pagar los compromisos con los acreedores privados. Son gestiones a contrarreloj porque la fecha límite para sellar un entendimiento es marzo y, a partir de ahí, la Argentina deberá sí o sí retornar al mercado para refinanciarse.
Los más optimistas advierten que la resolución exitosa de ese frente será el primer paso para encarar los complejos problemas de la economía doméstica, donde las amenazas reinantes son la incapacidad para apuntalar la generación de dólares y comenzar a contener a una inflación que todo lo distorsiona.
Por lo pronto la lógica que aplicará el Gobierno de Fernández para emprender ese camino es una enorme incógnita y el ministro Guzmán aclaró que ese reclamado programa de largo plazo recién se esbozará cuando la Argentina resuelva la crisis con los bonistas.
Las esperanzas de la Casa Rosada y hasta del Banco Central se basan en la efectividad que pueda llegar a tener el Pacto Social, con el que se busca comprometer a empresarios y sindicalistas en la lucha contra la avanzada de los precios, y en el nuevo formato del extremo cepo cambiario que llevó al dólar minorista a negociarse cerca de los 82 pesos. Vaticinan inflación anual del 42% y que el PBI argentino volverá a caer en 2020 (-1,3%).