Por una resolución en mayoría de la Cámara Federal de Casación Penal, el empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, volvieron a la cárcel al ser recaratulada como defraudación al Estado la causa por la que se los juzgó.
Debe recordarse que en marzo, estas dos personas quedaron libres porque la Cámara Federal porteña había cambiado la carátula del caso, llevándola a la de simple evasión fiscal.
López y De Sousa fueron investigados por no haber rendido cuentas ante la AFIP de la recaudación de 8.000 millones de pesos a través del impuesto a la Transferencia de Combustibles, dándose por descontada la complicidad de la conducción kirchnerista del organismo recaudador nacional para permitir que los dos empresarios, ahora nuevamente entre rejas, pudieran llevar a cabo semejante defraudación.
El fallo que ratificó los cargos en primera instancia de la Justicia ordena la situación procesal y pone coherencia en lo referido a la interpretación de los hechos por parte de los magistrados de la Justicia Federal.
Más allá de la válida apelación que derivó en el sorpresivo cambio de carátula y la liberación transitoria de López y De Sousa, se producía una suerte de abismo entre el criterio que llevó a considerar que lo que realizaron ambos procesados era una fuerte defraudación al Estado y lo que luego se argumentó para rotular el proceso como evasión fiscal y así permitir la cuestionada excarcelación.
Era descabellado considerar que por el simple hecho de no haber ingresado a las cuentas públicas lo que no fue declarado y hecho efectivo a la AFIP, se llegase a argumentar judicialmente que no cabía la figura de la defraudación porque el Estado nunca había recibido esos ingresos. Justamente, la evasión fue la que condujo a la figura por la que los hombres de negocios vinculados al kirchnerismo están ahora de nuevo presos.
Por otra parte, el regreso de López y De Sousa a la cárcel, entre otras cosas porque los jueces de Casación presumían que podían llevar a cabo acciones que entorpecieran el proceso por el que se los investiga, tranquiliza la relación entre la política y la justicia.
¿Por qué la relación entre la política y la Justicia se puede normalizar en parte a partir de estas nuevas detenciones? Porque aquel cuestionado fallo de los camaristas Farah y Ballestero a favor de los empresarios kirchneristas no hizo otra cosa que potenciar el enojo presidencial y de su entorno, alentando la no siempre sana decisión de ejecutar acciones quirúrgicas sobre el Poder Judicial, pretendiendo mejorar su rendimiento pero sin medir muchas veces las consecuencias de cada operación que se encara.
Los argentinos necesitamos que de una vez por todas el accionar de los jueces se normalice, que sus investigaciones y fallos sean de una ecuanimidad tal que no merezcan la más mínima sospecha de influencia política, ni a favor ni en contra del gobierno de turno o de anteriores.
El Poder Ejecutivo sólo debe hacerse presente al nominar gente idónea para ejercer como magistrado. Así llega la necesaria independencia judicial.
