Entre recursos que dilatan resoluciones y acusaciones de ilegalidad, Luján atraviesa una demanda que compromete a la gestión del intendente, Carlos López Puelles. Un aumento en el salario de los municipales que se otorgó en octubre, a partir de elevar en un ítem “no remunerativo”, y una supuesta disminución de los aportes a la OSEP y a la Anses, motivaron una denuncia que, por el momento, quedó en vueltas jurídicas que no anticipan un pronto dictamen.
La demanda en cuestión es una acción de amparo que se realizó a fines del año pasado ante el Juzgado Civil n° 18 y por la cual intervino Fiscalía de Estado, dando la razón al demandante, en este caso, a ATE seccional Luján. Esto fue publicado por este diario el 20 de febrero. El 26 de junio salió el fallo que hacía lugar a la denuncia y obligaba al municipio a reliquidar los sueldos como debía ser, es decir, devolver lo que no se había pagado en concepto de obra social y jubilación.
Ante esto, la comuna interpuso, por un lado, un pedido de aclaratoria, el cual fue contestado el 3 de este mes. La Justicia volvió a pedir que se paguen los aportes patronales. No conforme, el municipio realizó una apelación a la jueza Alicia Bornomei, pendiente para después de la feria judicial.
Es decir, todo este circuito y vueltas hace esperar una resolución y los denunciantes apuntaron a “maniobras” dilatorias. “Quieren que el problema y la deuda la pague la gestión que viene. Como (a López Puelles) le quedan menos de cinco meses (para terminar su mandato), van a seguir haciendo estas cosas para no tener que cubrir esta deuda”, señalaron en una definición más política.
El problema se remonta a octubre del año pasado, cuando funcionarios municipales y el Sindicato de Empleados Municipales (acusado en la misma demanda de connivencia con el oficialismo) acordaron un aumento para los empleados de entre 500 y 700 pesos por cinco meses, el cual se encuadró en el ítem “Beneficio de Ayuda Alimentaria”.
A partir de este hecho puntual, surgieron las denuncias y las lecturas políticas. En primer término, ATE seccional Luján denunció que el acuerdo fue fuera de un ámbito de paritaria, por lo que no está publicado en el Boletín Oficial ni hay un acta que lo respalde.
En la denuncia, Carlos Marzola, secretario general de ATE Luján, señala que “el incremento salarial de emergencia” es una “maniobra ilegal e ilegítima” ya que quita “parte de sus ingresos a los trabajadores, a la Anses y a la OSEP, a la vez que hay un trasfondo oscuro que implicaría un incremento en los haberes de funcionarios políticos”.
Para sostener esto, la denuncia examinó y comparó los bonos de sueldos de setiembre y de octubre de 2014 y de allí determinó que “se realizó una reducción en los aportes a la obra social (OSEP) a través del código 240; se realizó una reducción en los aportes al sistema previsional nacional (Anses) a través del código 213 y se realizó una reducción en los salarios de los trabajadores a través del código 586 (Código Estabilizador)”.
Este ítem fue explicado por Lorenzo López Navarro, abogado que lleva adelante la causa, como "la forma en la que el municipio se quedaba con la diferencia de aportes y que debió haber sido entregado a los trabajadores, si es que era legal la reducción en los aportes".
Sobre esto, la Fiscalía en su intervención preguntó sobre la previsión en el Presupuesto para realizar el aumento. En este sentido, la oposición reconoció que no había ninguna partida, por lo que el origen del dinero del aumento también es otra duda.
Ante las denuncias, el jefe de Gabinete lujanino, Miguel Ángel Sottile, señaló que “la municipalidad no ha retenido nada de lo que es el aporte patronal. Lo que se retuvo es el aporte de los empleados y eso se les mandó al bolsillo”.
A diferencia de la versión que acusa de haber disminuido las cargas sociales, el funcionario aseguró que esto no fue así y volvió a insistir que el acuerdo consistió en “un aumento sobre un adicional especial en el que no se paga la carga, por lo que no pueden haber aportes”. A su vez, dijo que es “una locura pensar en reliquidar los sueldos porque eso significaría sacarles a los empleados el dinero que cobraron”.
