El escándalo por la fuga de tres delincuentes condenados por el triple crimen de General Rodríguez, vinculado con el tráfico de efedrina y el sustento de campañas políticas con recursos del narcotráfico, crece cada día y genera indignación e incertidumbre por el lento avance de las investigaciones y por las dificultades que deben sortear las acciones puestas en marcha para encontrar a los peligrosos prófugos.
Si tenemos en cuenta que la huida fue el domingo 27 de diciembre, resulta preocupante que dichos personajes sigan circulando libremente, más allá de la intensa tarea de búsqueda que fuerzas federales y de la provincia de Buenos Aires vienen desarrollando en ese extenso territorio.
La fácil huida de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci de una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense, considerada de alta seguridad, pone de manifiesto dos serios problemas. Por un lado, una indudable falencia en el sistema carcelario, especialmente en cuanto a la idoneidad y honestidad de sus integrantes.
En segundo lugar, y paralelamente, la grave situación pone en jaque a la política, si se tiene en cuenta que uno de los fugados, Martín Lanatta, había relacionado en impactantes declaraciones desde la cárcel a un programa periodístico de televisión al ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández con el triple crimen y el negocio de la efedrina, más allá de que el ex funcionario nacional haya salido a negar luego esos dichos.
Combinados, estos dos serios problemas llevan a preguntarse si en realidad los tres prófugos escaparon del penal participando de una huida hábilmente tramada o si, como muchos sospechan, hubo una actitud cómplice de distintos sectores que facilitaron la salida casi infantil de los condenados, según lo que señalaron distintas crónicas de la asombrosa fuga.
Además del notable desgaste político que para la nueva gobernadora de Buenos Aires ha significado este suceso, pocos días después de la asunción de su cargo, genera alarma la preocupación que existe en las autoridades, tanto de esa provincia como de la Nación, por la actitud de las fuerzas de seguridad, ante la presunción de que buena parte de ellas no responde con el debido empeño a las directivas tendientes a reforzar los operativos de búsqueda de los tres delincuentes.
En este caso, tal vez estemos ante la evidencia de una herencia complicada que conjugue años de desmanejo político en el tema seguridad con intereses del narcotráfico canalizados a través de actividades partidarias y de organismos del Estado.
Los antecedentes del caso que llevó a la cárcel en su momento a los Lanatta y a Schillaci, las posibles conexiones con ex funcionarios que la investigación de la fuga han acentuado y la lucha “sin cuartel” a los narcotraficantes que el presidente de la Nación y la gobernadora de Buenos Aires siguen anunciando con más énfasis a partir de este hecho conmocionante ocurrido hace diez días, llevan a ilusionar con la posibilidad de un cambio drástico en el abordaje de la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, un gran flagelo que por décadas preocupa muchísimo a la sociedad argentina y que en gran medida se ha potenciado por el auge de la droga y su vínculo con el poder.
