Días decisivos y de definición transita la investigación de las facturas truchas, que tiene 29 imputados y cuyo fraude a la AFIP fue de más de $200 millones. El juicio quedó cerca de la sentencia, luego de que la semana pasada se pidiera penas de prisión para los contadores, quienes están detenidos y son los principales acusados de la organización.
Para el contador Pablo Prete la fiscal federal Gloria André solicitó 7 años y 6 meses de condena, una multa de $90.000 e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la pena.
En el caso de quien está señalado como su socio y cómplice más cercano, Sergio Arturo Delfino, la fiscalía pidió 7 años de cárcel y las mismas sanciones que el otro sospechoso.
Entre los otros imputados, los 27 que están libres pero en calidad de partícipes, se destaca la solicitud de 5 años de sentencia para Armando López y José Condeno, y 4 años para Víctor Paz, Eduardo Evans, Alejando Fernández y Ana Mosca.
Esta semana será el turno de los alegatos de la querella y los defensores, y la sentencia también podría conocerse en los próximos días.
De acuerdo a la investigación, la organización estaba liderada por Prete y por Delfino.
La asociación se formó y se mantuvo estable en el tiempo con el objetivo de cometer, en forma habitual y sistemática, delitos tipificados en la ley tributaria.
Los cabecillas fueron detenidos después de un largo tiempo de haber estado prófugos de la Justicia y así llegaron al juicio, al ser considerados “jefes” de la asociación ilícita.
Ahora, durante el juicio, están acompañados por 27 imputados como partícipes del los delitos.
El resto de los juzgados
Alejandro Fernández (contador), Víctor Paz (odontólogo), Federico Salinas (comerciante), Sergio Carletti (empleado), Ana Mosca (ama de casa), Marta Villafañe (jubilada), Marcelo Calderón (comerciante), Julián Bustelo (contador), Marcelo Pérez (docente), Carlos Delfino (comerciante), Ernesto Romano (comerciante), Omar Medina (empleado), José Condeno (cobrador), Francisco Parejo (comerciante), Marcelino Marcerou (comerciante), Elida Mamy (contadora), Armando López (comerciante), Marcela Canzonieri (ama de casa), José Canzonieri (empleado bancario), Dib Hakim (jubilado), María Fradusco (abogada), Adolfo Rivero (empleado), Mario Perucho (publicista), Juan Romano (comerciante), Eduardo Evans (pensionado), Ramón Manrique (contador) y Raúl Villarreal (comerciante). Todos ellos están en libertad.
El modus operandi
El delito del que se los acusa se habría materializado a partir de la confección, ofrecimiento, venta y distribución de facturas apócrifas a contribuyentes de distintas jurisdicciones a lo largo y ancho de casi todo el país.
Esas facturas “truchas” eran utilizadas para la generación de crédito fiscal espurio o para la simulación de costos, de tal forma de permitir a los contribuyentes adquirentes de este crédito fiscal falso, reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago estaban obligados, tanto en materia de IVA como de Ganancias.
Esa "operación" que se extendió por varios años -por lo menos entre 2010 y 2015, aunque existan antecedentes archivados del año 2004- fue descubierta y se constató que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado superior a los 200 millones de pesos, sólo contabilizando el capital.
El juicio más largo y con más imputados
Este juicio no sólo es el más extenso de la Justicia Federal (sumará 7 meses hasta la sentencia), sino que además es el que tiene más implicados: 29 en total.
El 20 de octubre de 2015 se realizaron en forma simultánea, sólo en Mendoza, más de 20 allanamientos dispuestos por la Justicia Federal, tras el descubrimiento por parte de la AFIP de la "usina"-así también se denominó a la organización-, que provocó pérdidas a las arcas del Estado por más de $200 millones.
El debate oral arrancó a mediados de agosto del año pasado y podría concluir esta semana.
