Después de una semana apretada con alegatos, donde se escucharon los argumentos de la fiscalía, la querella y algunos de los abogados defensores, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, integrado por María Paula Marisi, Waldo Piña y Gretel Diamante, decidió que mañana sea el turno de los últimos alegatos defensivos y la sentencia. A esto se le sumaría el derecho a réplica por parte de la fiscal federal María Gloria André, tras lo cual se espera que, ese mismo día, se de a conocer el veredicto, que, en principio (porque cuanto no se descarta que pueda ser apelado) le pondría fin a un debate que se inició a mediados del pasado mes de agosto, contra 29 imputados.
Dos de los acusados, el contador Pablo Prete y Sergio Delfino, señalados como “cabezas” de la organización y para los que la fiscalía pidió las penas más severas (7 años de prisión para ambos), son los únicos que encuentran encarcelados.
Las defensas
En general cada uno de los profesionales del Derecho, en su calidad de defensores, argumentaron que "los hechos denunciados en la acusación nunca fueron probados".
Asegurando además, desde esa posición, que “no está acreditada” la asociación ilícita, debido que “no hay vínculo entre todos los acusados”.
También los abogados rechazan el monto de más de 226 millones de pesos de "perjuicio fiscal", con el argumento que "no hubo ni una sola determinación de oficio", sino que ese monto "fue estimativo por la AFIP" y no hay ni un informe de ese organismo que "llegue a tal conclusión". También recuerdan que la denuncia inicial habla de $ 50 millones", para luego y "en forma arbitraria" ir sumando hasta llegar a ese monto.
Finalmente reclaman que a los con contribuyentes usuarios de las facturas "no solo no se los citó nunca a juicio, sino que además no se verificó si recibieron y/o utilizaron las facturas que dicen apócrifas, que no fueron investigadas por la AFIP..."
Propiedades, vehículos y efectivo
En la última parte del reclamo de la fiscal André ante el Tribunal y previo a solicitar la inhabilitación absoluta (por el tiempo de la condena) para todos los acusados, pidió el decomiso de los inmuebles ubicados en calles San Juan 789; Zuloaga 782 (departamento 2) y España 725 (Planta Baja), todos de Ciudad. Y además de dos vehículos (propiedad de Cemendo SA y Back Up SA) y el dinero secuestrado en oportunidad de los allanamientos.
