A 4 años de haber sido descubierto el llamado caso "facturas truchas", con un perjuicio a la AFIP de más de 200 millones de pesos, en dos audiencias sólo se han escuchado la acusación fiscal y los argumentos dados por los abogados del ente recaudador, como querellante.
Y todavía faltan horas para concluir con las pruebas acumuladas en cientos de fojas que tienen sindicados como "jefes" al contador Pablo Gabriel Prete y a Sergio Arturo Delfino, únicos que llegan a juicio en calidad de detenidos.
Pero en la sala de debates están acompañados de otros 27 imputados como coautores en el delito contemplado en la Ley 24.769 que habla del Régimen Penal Tributario.
El juicio que, se presume, se extenderá en el tiempo, esta presidido por la jueza María Paula Marisi, acompañada por Gretel Diamante (venida desde San Luis) y Alejandro Piña. Mientras que la acusación fiscal está a cargo de María Gloria André.
El debate, en los Tribunales Federales, se desarrollará solamente los días miércoles.
El caso, paso a paso
En la descripción de la operatoria se hace referencia a que Prete y Delfino, ambos en calidad de jefes, habían organizado y formaban parte de una asociación ilícita fiscal que comenzó a operar -estimativamente- en el año 2010. Según la acusación, operaron hasta octubre de 2015, fecha en que se concretaron los procedimientos de detención y allanamientos, que permitieron la desarticulación de la banda.
La conducta delictiva se habría materializado, dice la acusación, mediante la confección, ofrecimiento en venta y distribución a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, de facturas apócrifas que se utilizaban para la generación de crédito fiscal espurio o simulación de costos. Eso les permitiría a los contribuyentes adquirentes de ese crédito fiscal falso reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos, a cuyo pago están obligados (léase IVA y Ganancias).
Así las facturas eran “compradas” según las “necesidades evasivas” de los clientes.
Para concretar esa maniobra también se crearon empresas falsas, entre ellas, según la imputación de la Justicia y la AFIP (que trabajaron codo a codo en la investigación) La Mora SA; Cemento SA; Catering Empresarial SRL; Cauchos Mendoza SRL. y muchas otras. Esas compañías eran integradas por "personas humanas insolventes", como Emilio Tejada, Lucas Matías Roux y José Luis Carpes.
“Prestanombres”
También se inscribieron personas físicas insolventes como contribuyentes ante AFIP-DGI, a los que se les hacía el trámite para la emisión de facturas tipo "A". Estos, a su vez, figuraban integrando sociedades inexistentes por las que recibían -a cambio de su nombre y firma- un pago de 4.500 pesos por única vez.
Más de 200 millones
En lo referente al perjuicio a las arcas de la AFIP, según las últimas estimaciones pero con base en las fiscalizaciones efectuadas, se habla de 226.395.545 pesos “sólo de capital” .
Los 27 imputados como "partícipes" que llegaron a debate en libertad y ocuparon las primeras filas de las butacas, reservadas para el público, cuentan con la defensa de 18 abogados, entre ellos, Carlos Castro, Godoy Lemos, Juan Day, Federico Vinasa y González Videla.
Prófugos
Descubierta la maniobra, tanto Pablo Prete como Sergio Arturo Delfino lograron escapar de la Justicia, por lo que se emitió una orden de captura que tuvo sus frutos mucho tiempo después. En abril de 2017 Prete fue detenido en la ciudad de Mendoza. Mientras que en agosto del año pasado recién se logró la aprehensión de su socio Delfino, procedimiento concretado en Villa María (Córdoba).
