A raíz de la fuerte devaluación ocurrida como resultado de las elecciones primarias, el Gobierno nacional decidió tomar medidas extraordinarias y transitorias para compensar a la población que pudiera estar más afectada.
Para ello se dispuso aumentar un 20% el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.
También se exceptuó a las pymes del pago de cargas patronales sobre salarios y se exceptuó del IVA a unos 15 productos de la canasta básica.
Todo esto por 90 días. Por el mismo plazo se congeló el precio de los combustibles, estableciendo el pago del crudo sobre la base de un dólar a cuarenta y cinco pesos.
La idea era que el impacto que, sobre la inflación, podía tener la devaluación, fuera amortiguado.
El tema del mínimo no imponible era uno de los reclamos de los trabajadores y uno de los argumentos utilizado por la oposición para criticar al gobierno ya que no se había actualizado conforme al avance de la inflación.
Mientras la población esperaba estas medidas para aguantar la actual coyuntura económica, generada por una profunda crisis política, los gobernadores peronistas sorprendieron oponiéndose a estas decisiones porque afectaba sus ingresos y amenazaron con iniciar acciones judiciales contra la nación.
Las provincias petroleras también plantearon oposición y algunas empresas argumentaban que tendrían grandes pérdidas.
Dada la crisis planteada, nadie esperaba que los mismos gobernadores peronistas se opusieran a mejorar la situación de la población, puesto que los más beneficiados son los sectores de menores ingresos.
Estos mismos gobernadores tuvieron un notable aumento de sus ingresos por las mejoras de la coparticipación.
Por ende, hoy, mientras el gobierno nacional está obligado a obtener equilibrio fiscal, las provincias gozan de una situación envidiable, que se traslada a casi todos los municipios del país.
Pero la paradoja es que estas mismas provincias soportaron la quita del 15% de la masa coparticipable por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no hicieron ningún tipo de acción.
Esa actitud ilegal de la ex presidenta se terminó cuando la Corte Suprema reconoció la queja de Córdoba, San Luis y Santa Fe. Estos gobernadores hoy quejosos por una medida de 90 días, no tuvieron el mismo celo por los recursos de su provincia con el gobierno anterior.
Pero lo más grave es que casi todas las provincias, que tenían fuertes déficits, hoy tienen superávit y observamos el absurdo de gobernadores que lucen arcas fiscales holgadas con poblaciones carentes de la más mínima calidad en sus servicios.
Por lo que nuevamente caemos en el debate, más profundo, acerca del rol de la política y del rol del Estado y su obligación de servir a la sociedad y no de ser útil para el bienestar de la clase política.
La falta de solidaridad de estos gobernadores no puede ser más cuestionable. Se pueden discutir las medidas del gobierno nacional, pero nadie puede discutir que mientras los políticos discuten por plata, es la sociedad la que sufre las consecuencias.
Es notable como cada día más el sector político se aleja de la sociedad. Es penoso ver como esa clase política solo quiere el poder en su propio beneficio mientras sus administraciones son penosamente ineficientes y además sofocan al sector productivo con impuestos absurdos y confiscatorios.
Si por una decisión de 90 días los gobernadores están dispuestos a movilizar a la Corte Suprema de Justicia, nada se puede esperar de que reduzcan los impuestos y que mejoren la eficiencia de sus administraciones.
Con esta clase política y este Estado, la sociedad no tendrá un buen futuro.
