La posibilidad de que un corrupto o narcotraficante deje de ser dueño de bienes considerados robados o mal habidos rige desde el martes, cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri y todo su gabinete.
El primer pedido de extinción de dominio no se hizo esperar, pero fue nada menos que del kirchnerismo y en contra Gianfranco Macri, hermano del Presidente.
La solicitud judicial de dos diputados de La Cámpora sorprendió no sólamente porque la extinción de dominio surgió como asunto de interés público a instancias de Cambiemos justo tras el escándalo de las valijas de José López, sino también porque el Frente para la Victoria rechaza el DNU presidencial, al que considera inconstitucional tanto por la forma como por el contenido.
Ayer, sin embargo, los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate aprovecharon la vigencia del DNU y realizaron la presentación ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a quien le solicitaron una audiencia "a efectos de presentarle información y documentación vinculada a la causa 415/2018", conocida como "parques eólicos", con el fin de "recuperar los cinco millones de dólares que están en poder de Gianfranco Macri" fruto de esa operación resuntamente fraudulenta.
Los legisladores recordaron que en la última ampliación de la denuncia judicial Tailhade presentó documentación que acredita que "el hermano del Presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de US$ 5.000.000 de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente 70 millones de dólares".
Los diputados del Frente para la Victoria-PJ consideraron que “se impone la apertura del procedimiento que establece el anexo I del DNU 62/19, en tanto se trata de una suma de dinero obtenida a partir de hechos que configuran claros delitos contra la administración pública”.
La presentación de los diputados camporistas se produjo el mismo día en que el Gobierno nacional envió formalmente el DNU al Congreso.
Según la ley, una vez dictado y publicado en el Boletín Oficial, el DNU presidencial ya está operativo y solamente pierde vigencia si es rechazado por ambas cámaras del Congreso, cada una en sesión.
Previamente, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho senadores y ocho diputados, debe pronunciarse sobre el DNU, no sobre su contenido sino sobre su validez.
El presidente de la bicameral, el diputado camporista Marcos Cleri, anticipó días atrás que convocaría de inmediato a la comisión, una vez que ingresara formalmente el DNU al Congreso, lo que se produjo finalmente ayer.
La oposición entiende que el decreto no es válido porque regula sobre materia penal, lo que está expresamente vedado por la Constitución. Pero el Gobierno sostiene que sí es legal porque sólo atañe al fuero civil.
De todas maneras, el dictamen de la bicameral no es vinculante. En otras palabras, importan únicamente los votos en los recintos de ambos cuerpos, donde Cambiemos es minoría.
El trámite parlamentario de los DNU está diseñado específicamente para que cuando
un presidente dicte uno sea casi imposible que el Congreso lo rechace.
De hecho, no hay antecedentes sobre un DNU que haya perdido vigencia por haber sido rechazado por el Parlamento.
Los bienes quitados a la corrupción se estropean
Con el paso de los años y sin una decisión judicial para que los bienes incautados en causas de ladado de dinero, corrupción, narcotráfico y contrabando tengan un destino específico, esos espacios que albergan una gran variedad de objetos, se transformaron
en "cementerios" de chatarra y, en algunos casos, basureros.
Es lo que ocurre en Buenos Aires, en al menos tres depósitos de las Fuerzas Federales que dependen del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Dos ejemplos de esta situaciópn son un cementerio de camiones que sobresale a mano derecha sobre el kilómetro 24,5 camino a Ezeiza. En el barrio de la Boca, un galpón que demanda $ 250.000 de alquiler es usado para albergar 35 autos de alta gama secuestrados en causas de narcotráfico y corrupción.
