El Gobierno provincial impulsó un proyecto de ley para aplicar la extinción de dominio en Mendoza, tras el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente, Mauricio Macri. En caso de que la Legislatura apruebe la iniciativa, que fue adaptada con algunos cambios significativos al decreto nacional, se revisarán las causas penales abiertas que están en curso contra ex funcionarios – mayoría del PJ – y ex intendentes, y se investigará si adquirieron bienes que podrían ser pasibles de la extinción de dominio.
El proyecto tiene como objetivo que el Estado pueda recuperar de manera ágil y rápida todo tipo de bienes adquiridos producto de la corrupción, antes que finalice el proceso penal en la Justicia. Desde el Gobierno provincial afirmaron que la mayoría de estos juicios o duran muchos años, o ni siquiera terminan con sentencia debido a la complejidad.
De manera paralela se pretende iniciar una causa civil para que los acusados de delitos de corrupción justifiquen el origen de sus bienes. Según la opinión de algunos fiscales consultados por Los Andes, la inversión de la carga de la prueba será clave para clarificar este tema, ya que en el proceso penal es el fiscal el que debe probar que los bienes se adquirieron de manera fraudulenta, pero en este proceso civil, será el propio acusado el que deberá justificar que todo fue legal.
En el Poder Ejecutivo defienden este proyecto al expresar que se garantizarán los derechos de los imputados y que habrá un Juez que determinará si se justificaron o no los bienes. No obstante, si el acusado no puede demostrar el origen lícito de los bienes, estarán bajo el poder del Estado por más que la causa penal persista sin resolución.
Tal como establece la iniciativa, que modificará artículos del Código Procesal Civil y el Ministerio Público Fiscal, los bienes recuperados por el Estado (desde lotes y viviendas hasta vehículos, joyas y dinero) irán a parar a un fondo para la construcción y reparación de escuelas provinciales. No obstante, otra parte se destinará al fondo de garantía, en el que se pagarán los gastos de secuestro, administración y mantenimiento y todos los costos procesales.
Por último, otro porcentaje se resguardará en caso que el acusado a quien se le quitaron los bienes, sea declarado inocente. Allí, o se le devolverá el bien, o en su defecto el valor del mismo en dinero con recursos previstos de este fondo.
Ex funcionarios
Si se aprueba el proyecto, que se comenzará a tratar este martes, el Ministerio Público Fiscal realizará un relevamiento en 30 días de todas las causas abiertas -la ley es retroactiva a 20 años – por lo que varios ex funcionarios, mayoría peronistas, tendrían que probar no sólamente su inocencia en las causas penales (por enriquecimiento ilícito o defraudación, entre otros), sino el origen de los bienes que adquirieron mientras estuvieron en la función pública.
Los Andes pudo averiguar los principales apuntados que tiene el Ministerio Público Fiscal si se aprueba la ley, entre quienes se encuentran el ex gobernador, Francisco Pérez; los ex intendentes peronistas Luis Lobos (Guaymallén), Sergio Salgado (Santa Rosa), Carlos López Puelles (Luján de Cuyo); y ex funcionarios como Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau (Transporte). También prometen estudiar la causa de fraude millonario de los tickets Vale Más, que se registró durante la época de los ex gobernadores radicales Roberto Iglesias y Julio Cobos (entre 2000 y 2006).
Sobre el ex Gobernador Pérez, reflotaría -entre otros - la compra de un departamento en las Torres Agustinas en el año 2013. Este hecho fue denunciado por senadores radicales en 2016, pero no ha habido imputaciones. Desde el Ministerio Público Fiscal también confirmaron que se investigará el patrimonio de Celina Sánchez, su esposa. "En el proceso no se trata sólamente de imputados sino también de intermediarios, que puedan ocultar el enriquecimiento del funcionario", destacaron.
Por otro lado, Lobos está imputado en varias causas, y una de ellas es enriquecimiento ilícito. Junto a su esposa y su suegra la Justicia intentará avanzar en la extinción de dominio, ya que entienden que el crecimiento de su patrimonio no condice con sus ingresos. Señalaron también la compra de vehículos, un lote y la propia casa como bienes que ellos deberían demostrar su adquisición legal.
López Puelles también está bajo la mira de la Justicia por enriquecimiento ilícito pero no está imputado, sino acusado. Sobre él marcaron la compra de vehículos que podrían caer en el proceso civil de extinción de dominio. En tanto, también está el caso de Salgado, condenado a 5 años de prisión.
Martínez Palau y Rousseau, por su parte, están imputados por enriquecimiento ilícito en la compra de una finca en San Carlos. La fiscalía sospecha que el padre de Rousseau podría ser el testaferro para su adquisición. En diálogo con Los Andes, Martínez Palau criticó el proyecto, sobre el cual anticipó que se vendrá una "catarata" de demandas por daños y perjuicios que las tendrán que pagar los mendocinos. El ex funcionario dijo que hay una correlación entre el proceso civil y el penal.
En este sentido, expresó que el gobierno logrará el "impacto mediático que desea" pero no se llegará a esa finalidad de justicia de la que hablan. Como dato aclaratorio, el ex funcionario destacó que una cuestión es su opinión jurídica, y otra cosa es la causa en la que está implicado: "Estoy de acuerdo con que haya legislación sobre la extinción de dominio, pero lo que se hizo es inconstitucional", aseguró.
Sobre su causa, manifestó que el propio Estado peritó sobre sus bienes y crecimiento patrimonial y no se registraron irregularidades. "Hay una gran presión del Ministerio Público sobre los fiscales".
Por otro lado, al no tratarse sólamente de personas imputadas, y sí de causas abiertas, la Justicia local pondrá en foco también el escándalo de los Vale Más, que ha quedado impune tras más de 10 años de investigación. Uno de los cuatro expedientes tiene a 4 ex funcionarios con posible responsabilidad política (Liliana Mirábile, Paula Eisenchlas, Carlos Marziali y Luis Carretero), pero se cree que participaron políticos con cargos más importantes.
Tupac Amaru: los vehículos
Esta investigación es la denominada "causa emblema", según manifestó el gobernador Cornejo, ya que afirma que es la más avanzada y en la que se podría dar el caso de recuperación de bienes si se llega a probar en la Justicia Civil que los mismos fueron adquiridos de manera ilegal.
En total hay 16 vehículos secuestrados por la Justicia, que investiga presunta asociación ilícita y otros delitos de corrupción en la construcción de viviendas con recursos del Estado. También hay embargados un par de terrenos y un plazo fijo, y mientras tanto hay más vehículos (en paralelo a los secuestrados) pero todavía no los han hallado.
En cuanto a los vehículos secuestrados, Nélida Rojas (líder de la agrupación) y Ramón Martínez (esposo), no tienen ninguno a sus nombres (tienen autorización para viajar) y la mayoría de los titulares son sus hijos.
Alfredo Guevara, abogado de Rojas y su familia, aseguró que se trata de una "canallada" del gobernador Cornejo, a quien lo comparó con Macri al decir que es "bravucón con los débiles pero genuflexo con los poderosos".
