El Gobernador Alfredo Cornejo envió ayer al Senado el proyecto de ley que reglamenta el mecanismo de extinción de dominio, con el objetivo de recuperar bienes producto de la corrupción, y pretende un rápido tratamiento en la Legislatura. Esta acción se realiza luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Presidente, Mauricio Macri, por lo que se intentará adecuar la norma provincial a lo establecido por la Nación.
En concreto, el DNU marca la recuperación rápida de todo tipo de bienes (terrenos, vehículos, viviendas, dinero) provenientes de la corrupción, narcotráfico, crimen organizado y trata de personas, entre otros. La novedad es que se destinarán a un Fondo para la construcción y reparación de escuelas.
En Casa de Gobierno y junto al ministro de Gobierno Lisandro Nieri; la subsecretaria Legal y Técnico, Trabajo y Justicia Graciela Ceresoli; y el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino; el mandatario radical sostuvo que la provincia debe adaptar sus códigos de procedimientos para el decomiso o incautación de dichos bienes originarios en delitos, a la administración pública provincial.
El Ejecutivo envió el proyecto que modifica dos leyes, por un lado el Código Procesal Civil, puesto que el reclamo de los bienes se hace en ese fuero; y también la ley del Ministerio Público Fiscal, puesto que serán los fiscales civiles robados a la sociedad", los que encabecen el reclamo.
Sin embargo, en base a algunas críticas de la oposición sobre el DNU, Cornejo declaró que se tomaron recaudos con la adaptación en Mendoza del funcionamiento de la extinción de dominio, sobre todo en la defensa que tendrán los propios acusados.
En este sentido, se les dará una "vía de defensa" a los imputados penalmente, para que puedan probar el origen de sus bienes ante un juez (civil). De hecho, el artículo 4 de la reforma al Código Procesal Civil establece que previo a resolver una extinción de dominio, el magistrado escuchará a la parte demandada, que deberá probar cómo aquellos bienes ingresaron en su patrimonio. En caso de que no pueda probar el origen, el Estado los incautará antes de la finalización del proceso penal.
“Se permite un proceso más rápido para recuperar los bienes. ¿De qué sirve la condena si no se recuperan? Generalmente en hechos de corrupción, los mismos se deterioran o se pasan de manos, por lo que el Estado no puede acceder a esos bienes que fueron robados a la sociedad”, reflejó Cornejo, defendiendo la decisión de avanzar en estos términos a nivel local, ya que el decreto sólamente rige -hasta el momento-, para causas federales.
Otro dato importante es el destino de lo que se incaute. Desde el Ejecutivo explicaron que se creará un Fondo para la construcción y reparación de escuelas de la provincia, no sin antes deducir el porcentaje del fondo de garantía, que agrupa a los gastos incurridos para el secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales.
Por último, en caso de que el acusado sea declarado inocente o sobreseído, el Estado "deberá devolver el bien, o en última instancia, lo correspondiente en pesos por su valor. Para eso estará el fondo de lo producido de estos activos, para hacer frente a las consecuencias", detalló.
Rápido tratamiento
El Poder Ejecutivo hará que el tratamiento de este proyecto sea rápido, para poner manos a la obra con la extinción de dominio. Además indicaron que al realizar modificaciones “dando todas las garantías al acusado, para que pruebe si esos bienes se consiguieron antes del delito investigado o de manera lícita”, confían en que tendrán el compañamiento de los partidos de la oposición.
De esta manera, ayer mismo se envió a la Casa de las Leyes, y el martes que viene tomará estado parlamentario, por lo que habilitará a los senadores para que comiencen el debate en comisiones.
Estiman también que si no hay retrasos, antes de marzo este proyecto podría estar aprobado por las dos cámaras.
Relevamiento de causas con bienes a recuperar
Un punto clave es la retroactividad con la que se comenzarán a revisar las causas penales. El subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino declaró que la misma será la que indica el propio decreto de Macri vigente desde el 21 de enero, que es de 20 años.
Por eso se dará 30 días al Ministerio Público Fiscal para que haga un relevamiento de todos los delitos penales que contemplen bienes sospechados “y así comenzar los procesos”, tal como agregó Nieri.
Será luego de ese informe cuando también se podrá tener un valor estimado del dinero que podría recuperar el Estado, siempre y cuando el Juez civil así lo determine.
Asimismo, el subsecretario explicó que en la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, se dotará de poder a los fiscales civiles, quienes llevarán adelante esta parte del proceso, y que "tendrán conexión directa con los fiscales penales, que trabajan en la investigación de fondo".
Entre los casos "emblema", como calificó Cornejo y Nieri, se encuentra el de la Tupac Amaru, en el cual su referente, Nélida Rojas, y su familia, están acusados de corrupción en la construcción de viviendas sociales. Pero también hay varios políticos y ex funcionarios investigados por la Justicia
