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hace 8 horas
Este martes la Legislatura le dio luz verde a modificaciones en la Ley de Extinción de Dominio, la normativa que permite expropiar bienes adquiridos por hechos de corrupción. Esos cambios "técnicos" a la iniciativa impulsada por el oficialismo a principios de año fueron sugeridos desde el Ministerio Público Fiscal para agilizar su aplicación.
El proyecto fue puesto en las bancas por el senador Marcelo Rubio (UCR) y convertido en ley en julio, con el objetivo de acelerar los procesos y darle un tratamiento especial a las causas vinculadas a delitos de esta naturaleza. Pero desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron algunas modificaciones que permitieran la aplicación de la misma.
Finalmente esos cambios fueron sancionados por el Senado este martes modificando el artículo 210 del Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de la provincia -Ley 9001-. En concreto, se trata de la sustitución del subinciso c) del inciso V de dicho artículo, que establecerá que “no se aplicarán costas a los demandados y terceros comparecientes que se allanaren a la demanda. En caso de rechazo de la demanda, las costas serán impuestas al Estado Provincial", y no al Ministerio Público Fiscal, como establecía el texto original.
Además, se incorporan los subincisos f) y g), que dispondrán que el “Ministerio Público Fiscal podrá solicitar en cualquier estado de la causa e incluso en forma previa a la iniciación de la misma, la inhibición de bienes de los demandados y/o de sus sucesores, embargo de bienes y/o cualesquieras otras medidas precautorias que tengan por fin asegurar los resultados del proceso” y que “en caso de que el Ministerio Público Fiscal solicite medidas cautelares, no se le exigirá contracautela a los fines de la efectivización de las mismas".
"Se trata de un procedimiento especial que le permite al fiscal hacer la denuncia ante el juez civil, sin necesidad de una contracautela", explicó a Los Andes el senador Rubio.
Son aspectos técnicos que permiten acelerar los procesos", agregó. Por su parte, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, explicó: "Nos encontrábamos con el inconveniente de que si se rechazaba la demanda, quien se haría cargo de las costas debía ser el Ministerio Público. Ahora será el Estado en general". Además, aclaró que debía resolverse la situación de la contracautela en los casos de rechazo de la demanda. "Era necesario afinar la punta del lápiz", explicó.
El proyecto fue impulsado desde el Ejecutivo Provincial y "permitirá que haya dos procesos en paralelo: el civil y el penal para hacer más eficiente el proceso especial”, fundamenta la Ley. Además, se habilita la recuperación de bienes producto de la corrupción antes de finalizar el proceso penal.
El objetivo de un proceso especial es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos, que en el caso de la legislación provincial excluiría los delitos de lavado de dinero y narcotráfico, por ser federales; y contempla los de corrupción, estafa y asociación ilícita.
Mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia Civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos.
En Mendoza, está previsto que todos los bienes incautados vayan a un fondo especial, con asignación específica, destinado a la construcción y reparación de escuelas.
En qué causas se aplicará
Actualmente hay dos causas enmarcadas en esta nueva legislación: la vinculada a la Tupac Amaru, incorporada a esta modalidad en julio; y la del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos desde hace unas semanas.
Sin embargo, podrían sumarse en breve las que tienen como protagonistas al ex indentente de Santa Rosa, Sergio Salgado; y a los ex ministros Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau durante la gestión de Francisco Pérez.
Más herramientas para luchar contra la corrupción
En paralelo a iniciativas como la Extinción de Dominio, en la Legislatura provincial hay otros proyectos tendientes a atacar la corrupción desde distintos ámbitos. Así, se espera que el martes la Cámara de Senadores avance con el tratamiento del proyecto presentado por Juan Carlos Jaliff (UCR) para adecuar el Código Procesal Penal a la ley nacional de responsabilidad penal empresaria.
Con esto, se permitiría juzgar a personas jurídicas que incurran en delitos de esta naturaleza. Si bien son varias las iniciativas (entre ellas de los diputados Pablo Priore y Marcos Niven), se espera que avance la del senador Jaliff que amplía la adhesión a la Ley Nacional 27.401 y propone la adecuación procedimental provincial.
