Extenso debate en el Senado por la unificación de los Códigos Civil y Comercial

El

Senado

debatía esta noche el proyecto de reforma y unificación de los

Códigos Civil

y

Comercial,

con más de 170 modificaciones impuestas por el oficialismo al texto original redactado por una comisión especial que encabezó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

La sesión especial se inició con demoras a raíz de las reuniones que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, mantuvo esta tarde con jefes de los bloques en la Cámara alta, con una discusión entre el oficialismo y el radicalismo por el modo en que se iba a tratar y votar la reforma.

Al respecto, el radical

mendocino Ernesto Sanz

, quien planteó la necesidad de aclarar las reglas de juego, recordó que había seis dictámenes en minoría y preguntó al bloque mayoritario si pensaba "votar la interpretación del artículo 205 (del Reglamento del Senado), no van a aceptar ninguna modificación (del dictamen de la mayoría) y van a votar a libro cerrado (la reforma)".

El jefe de la bancada del Frente Para la Victoria,

Miguel Pichetto

, dijo entonces que el oficialismo tiene "otra visión del artículo 205 porque se refiere al sistema de votación, si es electrónica o de mano alzada" y no se relaciona con las mayorías necesarias para aprobar un proyecto complejo como el Código.

"No existe precedente parlamentario en el mundo de debate artículo por artículo porque el Código es una estructura, un conjunto", añadió Pichetto, y adelantó que la votación será "a libro cerrado".

En ese momento exhortó a iniciar el debate, pero afirmó que "no es un paso definitivo, es el primer paso de algunos acuerdos y de algunos desacuerdos, que deja un tiempo para que la Cámara de Diputados pueda analizar la reforma, e incluso la Cámara revisora puede modificar el texto y el Senado ratificar (esos cambios)".

Antes, el peronista disidente puntano Adolfo Rodríguez Saá había coincidido con Sanz en recordar que la reforma tuvo un tratamiento ágil hasta "el 7D (de 2012)", cuando la Corte Suprema no se pronunció sobre la ley de Medios, tras lo cual se paralizó, pese a que la bicameral tenía tiempo hasta el 9 de noviembre de ese año para emitir dictamen.

El presidente de la comisión bicameral de seguimiento de la reforma y unificación, Marcelo Fuentes, defendió el proyecto oficial y reconoció que un punto central de conflicto es "el tema de la responsabilidad del Estado dentro o fuera del Código Civil".

Al respecto, argumentó: "El derecho administrativo es un derecho público local, no se puede a través de una legislación general, como el Código Civil de la Nación, imponer normas a los estados provinciales".

El bonaerense Aníbal Fernández respaldó la propuesta del oficialismo al apuntar que el "Código Civil del Vélez Sarsfield expresaba una filosofía individualista que responde a la clases dominantes de la época" y afirmó que "los más marginales van a encontrar respuesta con esta reforma".

Fue Sanz, el primero orador por la oposición, quien dijo que la reforma propuesta por el oficialismo "va a abrir las puertas a la judicialización" por no haber encontrado consenso y haber realizado cambios inconsultos al texto de la comisión redactora.

"No quiero escuchar, después, a las bancas del oficialismo, que dice combatir al poder judicial que quiere estar por encima de la política, quejarse porque los jueces hacen nuestro trabajo" cuando llegue los reclamos ante la justicia por esta sanción, sostuvo.

También fustigó a los K al reclamar explicaciones respecto a "por qué el peronismo actual sacó el miércoles pasado la cláusula de la función social de la propiedad de (el histórico

constitucionalista peronista Arturo) Sampay" y dijo que "fue una concesión al lobby empresario, una concesión al mundo de los negocios".

Ante eso, Fernández replicó que esa figura debe incluirse en una reforma constitucional, porque si no habría una gran cantidad de juicios por supuesta vulnerabilidad a la propiedad privada.

Entre las modificaciones propiciadas por el Frente para la Victoria se encuentran el reconocimiento de la vida desde la concepción, que va contra la posibilidad de legislar el aborto, así como la eliminación de todo lo referido a la fecundación asistida post mortem y la gestación por sustitución, que generaron las quejas de legisladoras de posición feminista.