La extendida impunidad, que deja 92 de cada 100 homicidios sin resolver, es el principal incentivo de los criminales en Venezuela, uno de los países más violentos del mundo, conmocionado estos días por el asesinato de una ex reina de belleza.
“Las instituciones públicas en Venezuela no cumplen con su labor de prevenir y reprimir el delito, y eso hace que sólo se resuelvan ocho de cada 100 asesinatos”, explica el criminólogo Fermín Mármol.
“La impunidad -agrega el experto- genera imitación, hace que muchos jóvenes se sumen a las filas de las bandas criminales porque ven el delito rentable y de poco riesgo”.
Pero también la proliferación de millones de armas, los bajos salarios policiales, el hacinamiento carcelario, su fallo como centro de readaptación o las políticas oficiales que atribuyen la violencia a la desigualdad social, son causas de esa guerra interna, dicen los expertos.
Policía y jueces desbordados
Los 200.000 miembros que se calcula que tiene Venezuela en los distintos cuerpos de seguridad resultan insuficientes ante las desorbitadas cifras que -según las mida el gobierno o las ONG- van de 39 a 79 homicidios al año por cada cien mil habitantes, cifra esta última que sería la segunda más alta del mundo.
Los policías “tienen salarios muy bajos y se les ha dado poco aporte logístico, sobre todo a los funcionarios de investigación criminal. La fiscalía y los jueces están desbordados, a veces tienen hasta 700 casos en un mes y, además, están muy politizados”, explica por su parte el criminólogo Javier Gorriño.
Ante esta situación, “el delincuente no tiene por qué no ser delincuente, porque sabe que no va a ser castigado o que tiene remotas posibilidades de serlo”, agrega.
El asesinato de la ex reina de belleza y actriz de la cadena estadounidense Telemundo, Mónica Spear, de 29 años, y su pareja dio la vuelta al mundo e hizo que el presidente Nicolás Maduro, que atribuye la violencia al capitalismo y la riqueza fácil, propusiera un plan de pacificación, al tiempo que se anunciaba la detención de varios implicados.
“¿Qué hubiese pasado con esa banda si no hubiese sido la señora Spear y su esposo los fallecidos sino cualquier otro ciudadano?”, se pregunta el sociólogo Roberto Briceño, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia.
“Casi nunca los van a buscar (a los responsables de los delitos), y ante eso el pasaje al acto violento es muy fácil, porque no tiene consecuencias penales ni jurídicas”, agrega Briceño.
Pobres contra pobres
La relación causa-efecto entre pobreza y violencia no funciona en Venezuela, un país de renta media que gracias a sus reservas petroleras llegó a ser la envidia de América Latina en los años 70 y que desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 ha reducido considerablemente los niveles de pobreza.
“El chavismo ha tenido en sus manos el mayor ingreso petrolero de la historia de Venezuela y ha implantado numerosos programas de ayuda social y redistribución de riqueza pero, al mismo tiempo, ha tenido la mayor tasa de homicidios”, advierte Briceño León.
“El 83% de los homicidios del país son pobres que matan a pobres. No se trata de revanchismo social”, agrega el sociólogo, que recuerda que en 1998 hubo 4.550 asesinatos y que 2013 cerró con más de 24.000 a pesar de los planes de seguridad lanzados por los gobiernos durante los últimos años. “Estos planes eran preventivos, más centrados en lo material que en lo normativo. El chavismo tenían la concepción equivocada de que el origen está en la pobreza y la desigualdad”, explica.
Para el criminólogo Mármol, “lo que genera una sociedad violenta es la falta de cumplimiento de leyes, de líderes políticos que den el ejemplo para construir un modelo ciudadano de convivencia”. “Si no hay instituciones fuertes que se dirijan bajo el manto de la ley, lo que se crea es una anarquía, una tierra de nadie donde la ley del más fuerte se impone”, opina refiriéndose a las bandas criminales que controlan muchas favelas.
Otra causa de la violencia es el gran número de armas que circulan en Venezuela -según las fuentes, entre 3 y 18 millones- a pesar de los planes de desarme del gobierno. “Muchas vienen de Colombia para proteger la ruta de la droga que pasa por Venezuela hacia Europa. Otras sirven para alimentar grupos irregulares -guerrilla y paramilitares- que operan en la frontera. También las hay producto de la corrupción, que son extraídas de manera ilegal de la policía y comercializadas”, explica Gorriño.
Para él, el gobierno también ha fallado en el tratamiento del delincuente, con unas cárceles con graves problemas de hacinamiento e insalubridad, así como en las políticas de reinserción.
“Son depósitos de hombres donde imperan las mafias armadas, donde hay unos jefes de bandas que son los llamados 'pranes' que cobran por todo. Una cárcel es una escuela de delito donde el delincuente sale mucho peor a la calles”, explica.
