La última sesión de la Cámara de Diputados, antes del receso invernal, tuvo algunos apuros que terminaron en polémica y sospechas. El Frente Cambia Mendoza, con el acompañamiento de una parte del FpV, habilitó en tiempo récord la expropiación de un terreno de 50 hectáreas en Luján y otro de 4.000 hectáreas en San Rafael para construir dos plantas generadoras de energía.
Se trata de terrenos para una planta de gas que estará en la localidad de Anchoris y un parque eólico que proyectó en la localidad de El Sosneado. En ambos proyectos, la empresa de energía provincial, Emesa, participó asociada.
Pero lo que se discutió ayer y generó polémica en la sesión no fue la idea de construir nuevas plantas de generación de energía, que también prevé la creación de puestos de trabajo, sino la forma en la que se adquirirán los terrenos y la rapidez con la que el oficialismo logró sancionar la expropiación.
El primero en advertir el tema fue el diputado del FpV, Jorge Tanús quien, junto con Lucas Ilardo, abrió el frente interno en su partido y se abstuvo de votar. Por su lado, la Izquierda votó en contra y el resto acompañó.
“No entiendo la rapidez para leer que tienen algunos. El proyecto entró el lunes en la tarde y el martes el Senado lo votó. Nosotros queremos saber quiénes son los socios y cuánto valen, además de saber si el lugar es el indicado para el desarrollo de este tipo de energía”, disparó Tanús, quien pidió más tiempo para estudiarlo, hecho que postergaba la sanción para dentro de tres semanas, como mínimo.
La negativa del diputado abrió la interna dentro del PJ, que tuvo que improvisar una reunión de bloque y, a su vez, alimentó todo tipo de sospechas.
El rumor que generó mayor polémica fue que el terreno de 400 hectáreas a expropiar en la localidad sanrafaelina de El Sosneado es del empresario Omar Álvarez, quien la semana pasada “regaló” al Gobierno su proyecto de cárcel.
“Es un intercambio de favores por haber bajado el proyecto de la cárcel por iniciativa privada”, sospecharon tanto desde el FpV como del FIT, aunque no hubo forma de comprobarlo, así como tampoco el oficialismo arrojó mucha luz sobre quiénes eran los dueños de los terrenos.
“Hay una sospecha infundada que suena más a una excusa para ocultar problemas propios que otra cuestión dudosa. En el caso de San Rafael, es de una empresa con cuatro condominios, o sea cinco partes, lo que dificulta la transacción. En Anchoris, los dueños son dos particulares que estuvieron en la negociación y después no quisieron acceder, por lo que se va al proceso de expropiación”, dio la versión oficial el presidente del bloque de la UCR, César Biffi.
Por otro lado, se habló que la expropiación daría lugar al pago de sobreprecios por los terrenos. El FIT difundió algunos números que se obtuvieron en una reunión que hubo con funcionarios de Emesa antes de la sesión.
“Mientras que el avalúo en la zona de Luján es de $ 3 mil por hectárea, se estará pagando 1.500 dólares la hectárea. En cambio, en el Sosneado, la hectárea por avalúo cuesta $ 12 y se pagarán $ 1.903”, sostuvo Héctor Fresina.
Esto fue relativizado en la UCR, ya que el precio de avalúo no es igual que el de mercado, además de sostener que son precios estimativos. “No hay una evaluación posible. El trámite consiste en que que una vez que se decreta la expropiación, la comisión provincial evaluadora pone el precio al terreno”, explicó Biffi.
No obstante, más allá de la polémica, el gobernador, Alfredo Cornejo, logró el aval para las dos expropiaciones y así avanzar con los parques energéticos.
En el caso del proyecto que se ubicará en Anchoris, el plan ganó un concurso de la Secretaría de Energía de la Nación, por lo que recibirá financiamiento nacional. Para esto, en setiembre se cumple el primer plazo en el que tienen que certificar la adquisición del terreno.
La unificación de causas es ley
Luego de algunas revisiones, Diputados sancionó y convirtió en ley uno de los proyectos de Seguridad de Cornejo.
Se trata de una nueva modificación al Código Procesal Penal, para que de ahora en más un solo fiscal se encargue de la investigación cuando las causas conecten a una misma persona en un delito. Hasta ahora, varios fiscales e incluso fiscalías podían tomar distintas causas que terminaban en un mismo sospechoso.
A su vez, la modificación ordena algunos criterios a tener en cuenta para decidir quién será el encargado de investigar.
Con esta norma, el Ejecutivo avanzó en su intención de dar celeridad a los procesos penales. En este sentido, la nueva ley apunta a agilizar la Justicia y detectar los casos de reiterancia (repetición de un delito sin condena) y reincidencia (reiteración cuando ya hubo condena).
Otro gesto nacional para Cornejo
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el gobernador, Alfredo Cornejo, firmaron el acuerdo para la puesta en marcha de obras de saneamiento y agua potable en distintas localidades de la provincia con una inversión de más de 112 millones de pesos.
