Argentina atraviesa un año electoral que ha estado más marcado por casos judiciales que por propuestas de gobierno. Estos procesos, sin embargo, ocurren en medio de una crisis de credibilidad de la justicia argentina, que socava los potenciales avances contra la corrupción y debilita las instituciones democráticas. La ausencia de actores que se consideren fiables ha generado gran desconfianza.
La campaña electoral es una excelente oportunidad para que los candidatos presidenciales se comprometan a garantizar una justicia creíble, no promesas de reforma que se dilatan y difícilmente se aplicarán a los actuales escándalos. Quizás los candidatos puedan encontrar lecciones útiles en otros países de la región que han establecido organismos independientes apoyados por instituciones internacionales para brindar garantías de transparencia sobre la justicia.
El caso judicial más emblemático en el país en este momento es el de los llamados Cuadernos de las Coimas: la investigación de una presunta red de sobornos en torno a la obra pública, que estaría manejada desde los más altos niveles del gobierno anterior —incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, posible candidata a las elecciones presidenciales de octubre—. Varios empresarios también están acusados y algunos han reconocido que pagaron sobornos.
Los Cuadernos de las Coimas es una causa histórica: por primera vez desfilan por los tribunales tanto ex altos funcionarios de gobierno como empresarios. Muchos opinan, incluyendo las actuales autoridades que, por fin, se está haciendo justicia. Otros, en cambio, argumentan que se trata de una persecución política construida sobre evidencias endebles (de hecho, los autores de este artículo tenemos distintas opiniones sobre la credibilidad de la causa).
¿Cuál de las dos apreciaciones es la acertada? En un país con instituciones creíbles, la palabra final la tendrían los tribunales. Pero la percepciónde corrupción generalizada impide que los ciudadanos crean en la justicia.
“Los argentinos están perdiendo la confianza en el poder judicial, hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana”, reconoció recientemente Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. “Un poder judicial sin legitimidad pierde su razón de ser pues sin legitimidad no puede ser eficaz”, agregó.
De hecho, un juez federal, Alejo Ramos Padilla, investiga al fiscal Carlos Stornelli, uno de los que lleva el caso Cuadernos, por supuestamente exigir un soborno a un empresario para mantenerlo al margen de esta causa. El caso en el que se investiga a Stornelli podría involucrar, a su vez, a una presunta red de espionaje e inteligencia ilegal utilizada para extorsionar a ciudadanos con el fin de que confesaran delitos o implicaran a otros. Según el juez Ramos Padilla, algunos funcionarios y aliados del gobierno de Mauricio Macri podrían estar involucrados. Los numerosos procesos disciplinarios y cuestionamientos en contra de uno de los jueces que lleva la causa de los Cuadernos, Claudio Bonadio, tampoco ayudan a blindar la credibilidad del caso.
Recientemente, el gobierno argentino pidió que se investigue y destituya al juez Ramos Padilla. La organización de derechos humanos Human Rights Watch, en la que uno de los autores de este artículo trabaja, caracterizó este pedido como una amenaza a la independencia judicial.
La situación de la justicia argentina, por supuesto, no es excepcional para la región. Por ejemplo, el año pasado, en Perú, un grupo de periodistas dio a conocer audios que mostraban cómo jueces, fiscales y miembros del Consejo de la Magistratura habrían negociado decisiones judiciales y nombramientos en la justicia. En Colombia, las autoridades están investigando una trama de sobornos que involucraría a fiscales y jueces de la Corte Suprema. El fiscal que dirigía la unidad nacional anticorrupción fue condenado en 2018 por corrupción en este caso.
Estos episodios ponen al descubierto sistemas judiciales atravesados por la corrupción. Involucrar a expertos extranjeros no sería una estrategia inédita.
La instancia más conocida es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano independiente creado por la ONU que realiza investigaciones penales junto con el Ministerio Público guatemalteco. Fue creada para fortalecer a la justicia y así enfrentar a bandas criminales, heredadas de la larga guerra civil del país. Gracias al trabajo de la Cicig -que fue apoyada firmemente por los ciudadanos-, en 2015 renunció y fue encarcelado por corrupción el entonces presidente Otto Pérez Molina.
Con motivo de una investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral, el actual presidente Jimmy Morales ha llevado al país a una crisis institucional sin precedentes para echar de Guatemala a la Cicig y a su valiente comisionado, Iván Velásquez. La embestida demuestra el impacto real que ha tenido este organismo en la lucha contra la corrupción y, a su vez, desnuda los intereses nefarios de muchos políticos en el país.
Hay gobiernos en la región que aparentemente quisieran replicar el modelo de estas comisiones internacionales.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, prometió crear una comisión internacional bajo la tutela de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU para luchar contra la corrupción en el país.
Lenín Moreno, mandatario de Ecuador, anunció en febrero que conformaría una comisión internacional de expertos para apoyar a las autoridades nacionales a cargo de investigar y procesar casos de corrupción.
Honduras creó hace tres años un mecanismo internacional, apoyado por la OEA, que asesora y supervisa a los fiscales y jueces que investigan corrupción. Hasta ahora sus resultados no han sido buenos.
En México, una comisión de expertos independientes avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostró las irregularidades de la bochornosa investigación nacional sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y ahora muchos sectores exigen que la ONU instaure un organismo internacional para enfrentar la epidemia de desapariciones en el país.
La percepción de corrupción generalizada impide que los ciudadanos crean en la justicia.
En Argentina existe un antecedente simbólico en un área que muchos argentinos valoran más que la lucha contra la corrupción: el fútbol. Entre 1948 y 1958, ante la falta de credibilidad de los árbitros nacionales, la Asociación de Fútbol Argentino contrató árbitros británicos que aportaron legitimidad y profundizaron la profesionalización del deporte en el país.
La Cicig, al igual que los árbitros británicos en su época, cuenta con enormes facultades. Muchos en Argentina podrían considerar que se trata de una intromisión indebida e innecesaria en la soberanía nacional. Pero no es necesario llegar tan lejos.
Una comisión de juristas internacionales, o un organismo similar, no requeriría llevar adelante sus propias investigaciones penales. En cambio, se podría ocupar de monitorear el trabajo de la justicia y fiscalizar la actuación de funcionarios judiciales en las investigaciones que llevan a cabo en casos connotados.
La observación por parte de expertos prestigiosos e independientes, y su atribución para pronunciarse sobre ciertas causas paradigmáticas, podría darles mayor trasparencia a los casos penales y confianza a los ciudadanos para exigir una autentica rendición de cuentas por parte de las autoridades.
La presencia internacional también ayudaría a disuadir a algunos funcionarios de corromperse y legitimaría a los honestos ante presiones políticas o económicas indebidas.
Siempre existirá la posibilidad de que funcionarios o empresarios corruptos quieran atacar una institución internacional de este tipo, como ocurrió en Guatemala. Pero si el organismo cuenta con un fuerte sustento internacional y apoyo popular, la tarea de los corruptos será más difícil. Y los eventuales ataques dejarían al descubierto ante la ciudadanía unos niveles de corrupción que quizás nunca se hubieran comprobado sin la intervención inicial de una instancia internacional.
Argentina es un ejemplo mundial en la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el pasado. Los argentinos entendimos que para que estos crímenes no vuelvan a ocurrir -“Nunca más” fue la expresión que se acuñó- debíamos contar con procesos judiciales trasparentes y sentencias creíbles que esclarecieran lo que ocurrió durante la dictadura. Superar la corrupción exige lo mismo.
Jordana Timerman es periodista argentina y editora del Latin American Daily Briefing.
Juan Pappier es abogado de la División de las Américas de Human Rights Watch.
