La decisión de un grupo empresario chileno de trasladar sus oficinas de exportación y concentrar en el vecino país sus esfuerzos en las líneas de mayor precio, constituyen un nuevo llamado de atención respecto de lo que está sucediendo con nuestra principal industria de base agrícola. Y reclama de las autoridades la necesidad de abocarse en forma urgente a la búsqueda de soluciones, aunque las mismas tengan relación con decisiones que se adoptan a nivel del Ministerio de Economía de la Nación.
Hasta hace poco más de dos décadas atrás, la vitivinicultura argentina era prácticamente desconocida en los mercados internacionales. Se sabía que era una gran productora de uvas, pero las exportaciones eran prácticamente nulas.
Todo ello como consecuencia de un mercado interno con un consumo importante -llegó a los 90 litros per cápita anuales y actualmente no llega a los 30 litros- a lo que se sumaba el hecho de que en un gran porcentaje se trataba de vinos genéricos, donde la cantidad se priorizaba por sobre la calidad.
Poco antes de la década de 1990 la mentalidad empresaria local cambió radicalmente. A raíz de la caída del mercado interno, los bodegueros salieron a tratar de insertarse en el exterior.
Fue una acción que llevó esfuerzos personales y mucha inversión, que comenzó con la participación en concursos y, una vez obtenidas las medallas por la calidad alcanzada, siguió con el intento de ingresar en mercados ya cubiertos por los vinos del Viejo Mundo (Francia, España, Italia), a quienes se sumaban los jugadores del denominado nuevo mundo (Estados Unidos, Chile, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda).
Se planteaba también la discusión entre priorizar el terruño, que impulsaban los países con mayor tradición a implementar los varietales, el arma con que intentaban insertar sus vinos los nuevos países. La Argentina se incluyó, merced a la calidad impresionante de su malbec y a la novedad que constituía el torrontés -un cepaje típicamente argentino-, entre estos nuevos jugadores.
La decisión resultó oportuna a punto tal que las exportaciones se multiplicaron geométricamente y ello derivó también en el interés que inversores extranjeros pusieron en las tierras locales, especialmente en Mendoza. Hubo zonas que modificaron su producción, como es el caso del Valle de Uco, que de ser eminentemente frutícola se convirtió en una fuerte productora de uvas de calidad.
Las inversiones extranjeras se sucedieron e incluían la construcción de bodegas para poder exportar sus propios productos. Todo funcionó a la perfección durante casi dos décadas, hasta que, desde el orden nacional, se modificaron las reglas de juego. Hay demoras en la devolución de las retenciones por exportaciones o el IVA; el dólar se encuentra desfasado lo que, sumado a la fuerte inflación, genera que los vinos pierdan competitividad en los mercados externos, especialmente en la franja de menos de 25 a 30 dólares la caja, que es la de mayor demanda en la pirámide de consumo; se procedió al congelamiento, en las góndolas, de los precios en el mercado interno, mientras los insumos (vidrio, corchos, etiquetas, cartón o salarios) siguen subiendo, con lo que la reducción de los márgenes de ganancias ha llegado prácticamente a su límite.
El resultado de la situación actual de la vitivinicultura no podía ser otro que el que refleja la actitud asumida por el grupo empresario chileno, al decidir trasladar sus operaciones al vecino país. Hay otras bodegas, también extranjeras, que han reducido su elaboración, convirtiéndose en proveedores de uvas, mientras las bodegas chicas y medianas argentinas tratan de sobrevivir como pueden a la espera de que en algún momento cambie la situación. Y, en medio de ello, se están lesionando seriamente las fuentes de trabajo.
Es hora entonces de que las autoridades locales, junto a sus pares del resto de las provincias vitivinícolas, reclamen con seriedad y urgencia ante sus pares nacionales. De lo contrario, las consecuencias pueden ser aún peores.
