El oficialismo aceptó grandes cambios a la ley ómnibus con la que se busca saldar las deudas que el Estado tiene con los jubilados, lanzar un amplio blanqueo de capitales y compensar deudas con las provincias. Ayer, Cambiemos firmó dictamen de mayoría en las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto junto al massismo y al peronismo de Diego Bossio. Será este despacho el que el próximo miércoles se pondrá a consideración del pleno de la Cámara Baja.
La novedad de la jornada fue una modificación propuesta por Sergio Massa, que fue aceptada por Cambiemos, por la cual se eximirá del pago del impuesto a las Ganancias en el medio aguinaldo de julio a los trabajadores en relación de dependencia, siempre y cuando no tengan deudas con el fisco ni se hayan acogido a moratorias previas. Esto reduce el universo de beneficiarios del “premio” establecido para compensar las amplias ventajas que tendrán evasores en el blanqueo.
Con este cambio al proyecto de ley, se busca darle un premio a los contribuyentes cumplidores de clase media, ya que la norma que envió la Casa Rosada sólo proponía como recompensa la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales durante 2016, 2017 y 2018.
La objeción del interbloque UNA era que este beneficio planteado por el oficialismo favorecía especialmente a los sectores de mayores recursos dado que la norma que está en debate eleva los pisos desde los cuales se tributará Bienes Personales entre 2016 y 2018. Sólo pagarán este año quienes tengan declarado más de 800 mil pesos, en 2017 más de 950 mil pesos y en 2018 más de un millón cincuenta mil pesos.
Como la recompensa planteada por la Casa Rosada alcanza a personas que tienen bienes por más de 800 mil pesos, el Frente Renovador buscó premiar a las clases medias que no tienen tanto patrimonio. A ellos se los beneficiará con el no pago del impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo de julio de este año.
Pero, a diferencia de la exención por tres años de Bienes Personales, la eximición del medio aguinaldo del impuesto a las Ganancias será por única vez. Otro dato importante es que quien tenga un beneficio no podrá tener el otro. Esto aplica para personas que pagan Ganancias y tienen bienes declarados por más de 800 mil pesos.
Punto para el massismo
"Amerita incorporar como premio la eximición del medio aguinaldo de junio, esto nunca se había hecho. Le damos la razón al Frente Renovador en este punto", anunció el macrista Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Massa y Bossio también hicieron que Cambiemos dejara de lado la eliminación de Bienes Personales a partir de 2019. A ellos se sumó el kirchnerismo. Se decidió por ello dejar supeditado el futuro del gravamen a una reforma tributaria que se analizará en la comisión bicameral que la ley crea.
El dictamen de mayoría de Cambiemos, el PJ y UNA rivalizará en el recinto con cinco dictámenes de minoría. El principal es del FpV. Pero a este suman el del socialismo, el del Partido Obrero, el de Libres del Sur y el de Carlos Heller. Sólo los socialistas están de acuerdo en general con la norma, pero no firmaron el despacho del oficialismo “por diferencias morales con el blanqueo”, explicó la santafesina Alicia Ciciliani.
Diferencias atemperadas
El dictamen de mayoría tiene disidencias parciales. Por ejemplo, Bossio no está de acuerdo con la derogación de la ley de 2.015 que puso un cepo a la venta de las acciones que la Anses tiene en empresas privadas. Massa y Cambiemos acordaron una posición intermedia ya que fijaron que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) tendrá que tener entre el 7 y el 50% de sus activos en acciones.
Pero deberá pedir autorización del Congreso si quiere superar esos topes, salvo en casos excepcionales como las fusiones o escisiones societarias o las Ofertas Públicas de Adquisición que puedan desfavorecer al Estado.
Sobre el blanqueo de capitales, Cambiemos, Massa y Bossio acordaron extender la prohibición a los funcionarios de los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) y a los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal. Esto abarca también a funcionarios de esos poderes a nivel provincial y municipal.
Pero no se aceptó el reclamo K de impedir el ingreso al “sinceramiento fiscal” de contratistas del Estado y a los parientes hasta cuarto grado de los funcionarios, jueces y legisladores.
Otro reclamo de toda la oposición que fue atendido fue la extensión de la moratoria previsional por tres años para las mujeres que cumplan 60 años puedan acogerse, ya que vencía en setiembre.
Pero no se aceptó reducir la edad de 65 a 60 a aquellas mujeres que quieran sumarse a la Pensión Universal por la Vejez que se crea en la ley, que equivale al 80% de una jubilación mínima.
Más cambios en favor de las provincias
Otros cambios sustanciales sufrió el proyecto oficial, en acuerdo con Massa y Bossio. Uno de ellos, fue la incorporación de las provincias a la moratoria fiscal para que puedan ponerse al día con las deudas que la AFIP les exige en concepto de aportes patronales mal recaudados. Este punto tuvo el visto bueno del kirchnerismo también.
El reclamo nacional se debe a que los distritos que no tienen Caja de Jubilaciones recaudan el 11% por aportes patronales tomándose de un decreto de Cavallo de 2001 que quedó sin vigor. La Nación sostiene que las provincias -entre ellas Mendoza- deben recaudar y enviarle a la AFIP el 16% (que en rigor va a la Anses). Se estima que hay 31 mil millones de pesos en juego y para ello la norma fija que las provincias podrán pagar sus acreencias en 90 cuotas.
Para las provincias que no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones a la Nación también se les puso un beneficio. Se fijó que la Anses tendrá hasta 120 días para auditar sus organismos previsionales y luego girar automáticamente -antes del 20 de cada mes- los fondos que correspondieran para cubrir los déficit de las Cajas. Pero este financiamiento será en aquellos puntos en que las jubilaciones que pagan las provincias coincidan con las nacionales. No se cubrirá el rojo que genere el pago del 82% móvil, por ejemplo.
