La polémica por la venta de tierras en La Remonta derivó en una investigación judicial de muy distinta índole. Al narrar sus historias de vida en el lugar a sus abogados defensores, algunos pobladores señalaron que el sitio era utilizado como centro clandestino para hacer desaparecer víctimas de la última dictadura militar.
Ahora, la Justicia Federal investiga esta pista para ver si logra dar con los cuerpos de desaparecidos en esa etapa oscura del país. La información fue aportada, a través de una denuncia formal de los letrados en la Fiscalía General, hace casi tres meses. Ya se realizó una primera excavación en el lugar, pero hasta el momento no existen hallazgos concretos que permitan ratificar los testimonios.
Al parecer, esta situación -referida ahora por los lugareños- ya habría sido denunciada hace tiempo atrás por otros particulares. Lo cierto es que los datos aportados en la actualidad indican con precisión la cantidad de víctimas que habrían sido enterradas en este campo militar y el sitio exacto -por coordenadas- donde los habrían ubicado.
Hasta ahora, la investigación judicial se había mantenido en el hermetismo para no afectar el proceso y porque los denunciantes temen represalias o que las pruebas puedan ser alteradas o erradicadas del lugar. Cabe aclarar que sólo tienen acceso a las tierras del Establecimiento de Campo Los Andes los habitantes históricos del lugar, los militares y las personas a las que éstos autoricen ingresar.
Fue realizando entrevistas para confeccionar el amparo ambiental -en defensa de los pobladores y regantes y contra el decreto presidencial 225/17, que dispone la subasta de estas tierras), que los abogados Marcelo Romano y Leonardo Salvini dieron con esta novedad.
“Es un tema tan serio y tan caro en los sentimientos de muchas familias, que nos sentimos obligados a transmitir esta información. Si hay sospechas, no podíamos ser cómplices. Además, los puesteros hablan con total seguridad porque es algo que vieron”, explicó Romano.
La denuncia, con todos los datos recabados, fue librada hace tres meses y ratificada días después ante la secretaría de Derechos Humanos de la Justicia Federal, que se ocupa del caso.
“El proceso lleva su tiempo, tiene que venir un cuerpo forense de Buenos Aires”, dijo Romano. El abogado de los regantes agregó que ya se realizó una primera excavación, a unos 50 metros de la casa de uno de los puesteros, pero no se encontró nada.
“Ahora estamos esperando que sigan las excavaciones sobre el sitio señalado como el principal enterratorio”, apuntó Romano. Según el letrado, algunos pobladores están amedrentados y hay quienes han sufrido represalias -rotura de un puente de acceso a su domicilio- tras la denuncia.
De confirmarse, esta información sería clave en las causas por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en la provincia. También podría inhabilitar cualquier avance del proyecto de ventas y desarrollo económico que plantea el gobierno para este lugar de Tunuyán.
