El aislamiento impuesto por la emergencia sanitaria no impidió que la gente, con cacerolazos, desde sus hogares hiciera sentir el descontento por las excarcelaciones recientes, que generaron temor y lógica indignación.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional había recomendado a los jueces a cargo de causas con detenidos sin sentencia firme, que contemplaran la prisión domiciliaria de personas con problemas de salud o que integraran los grupos de riesgo ante la pandemia de coronavirus. Justamente, se propiciaba esa medida a raíz de la superpoblación carcelaria en gran parte de los establecimientos penales del país y ante la necesidad de implementar, en ellos, las medidas preventivas de aislamiento.
Pero la recomendación de la Casación se detenía en una serie de consideraciones importantes: extender dicho beneficio a personas presas, con condena o sin ella, por delitos de escasa lesividad, o no violentos; en el caso de los condenados, cuando estuviesen próximos a cumplir la sentencia. También se pensó en personas con penas de no más de tres años de prisión, mujeres embarazadas y otras excepciones atendibles desde el punto de vista humanitario.
En su determinación, la Cámara de Casación aclaró que basó su acordada dirigida a los magistrados haciéndose eco de recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en especial a personas privadas de la libertad, según se puntualizó. Sin embargo, muchos expertos en temas de política carcelaria coincidieron en que cabía la posibilidad de pensar en soluciones alternativas. Lo hicieron ante la enorme repercusión negativa que generó la salida casi indiscriminada de presos.
Los hechos demostraron que, en gran medida, se trató de una acción generalizada que permitió la apertura de muchas celdas sin el mínimo respeto por los pasos procesales. Hubo casos en los que los liberados no tardaron mucho en volver a delinquir. En esto, coinciden también políticos y especialistas, se debe dejar a salvo a abogados defensores de procesados y penados que saben respetar los pasos de rigor. No se trata de negar el otorgamiento de la libertad ante determinadas circunstancias, sino que previamente se deben estudiar los casos con el debido tiempo.Y en determinadas circunstancias, como es esta pandemia, se requiere del informe de profesionales a cargo de la salud física y mental de cada preso.
Jueces y fiscales comprometidos con su labor y alejados de toda influencia política, también coinciden en destacar que, lamentablemente, subsisten en el plano judicial cuestiones ideológicas que no permiten una clara interpretación de los alcances del derecho penal. Es una discusión no resuelta y que con el paso del tiempo va transformando al Poder Judicial en una suerte de campo de batalla en la que inciden intereses políticos concretos.
En esta instancia, la llamada corriente garantista, tan identificada con sectores del oficialismo, arremetió al amparo del coronavirus, coincidentemente, en momentos en los que varios personajes vinculados con la corrupción en el Estado en los años previos del kirchnerismo obtuvieron el beneficio de la excarcelación entre bambalinas judiciales.
Esos beneficios a corruptos de la política, confesos en algunos casos, alentaron el desorden y los motines producidos en varios penales del país. Ello derivó, a su vez, en negociaciones en las que, como prenda de paz, desde el lado del Estado algunos no dejaron de aprovechar la oportunidad para hacer uso del llamado criterio garantista.
El malhumor popular y la atenta reacción desde el propio Ejecutivo nacional ilusionan con la posibilidad de que se pueda poner fin a los abusos de poder basados en fanatismos e impunidad.
