El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura provincial, un proyecto de ley que asegura el mejoramiento de la calidad del sistema judicial.
Se propone regular la matrícula de abogados, debiendo quien la solicite, rendir un examen “respecto de los conocimientos mínimos de la organización, funcionamiento y normativa relacionada con el servicio de Justicia, como así también de las normas deontológicas a las que quedara sujeto”.
Los estudiantes de Derecho calificamos esta medida como arbitraria; no sólo porque es inexistente en el resto del país, sino que la formación académica que brinda cada una de las facultades y universidades en cuestión, la organización administrativa, como así también el nivel profesional de los docentes, permite acreditar que un estudiante está preparado para ejercer como abogado.
Un examen final, que afirman es la única herramienta para mejorar la calidad de los futuros abogados, o garantizar el conocimiento del Derecho Procesal de la provincia, sólo actuara en detrimento del sistema universitario poniendo en duda la preparación que reciben los estudiantes durante alrededor de 7 años, por ende también cuestiona a todos los docentes que invierten su tiempo en dictar y evaluar las distintas materias y además, como dije anteriormente, objeta la capacidad organizativa, administrativa y educacional de las facultades y universidades encargadas de otorgar el título a quien acredita dichos conocimientos.
Se habla asimismo sobre la necesidad de que los operadores de justicia tengan el conocimiento de las leyes procesales y del funcionamiento administrativo del sistema, pero esto alcanza sólo a quienes están próximos a ingresar, a quienes debieron rendir y aprobar la legislación vigente y en más de un caso legislación que ya no rige en el país también. Pero, ¿no sería necesario también evaluar a quienes se recibieron hace años con legislación que ya no rige ni en la provincia ni en el país? Esto con el único fin de garantizar la debida formación y actualización de todos ellos respecto de las leyes vigentes.
Por otro lado, respecto de la formación de operadores de Justicia no debemos dejar de lado a los principales involucrados en el sistema judicial. Si lo que realmente se busca es mejorar dicho sistema, habría que enfocarse en la constante formación y evaluación de jueces y fiscales, dado que en más de un caso son estos quienes desconocen el derecho procesal de la provincia y por ende no actúan conforme a las leyes sino en contra de éstas.
Sin embargo, no desconozco que la situación en nuestra provincia es crítica. Mendoza tiene uno de los índices de litigiosidad más altos del país y se incorpora un abogado y medio por día, lo cual a mediano y largo plazo se torna insostenible. Entiendo que es necesario mejorar el sistema judicial y garantizar una calidad mínima para cualquier persona que quiera acceder al servicio de justicia, pero para alcanzar el mejor resultado, es necesario que todos los actores estén presentes y se trabaje de forma mancomunada entre el gobierno, el Estado, colegios profesionales y nosotros como estudiantes de abogacía, ya que estamos afectados en primera línea.
Nos ponemos al servicio tanto del gobierno, como de los actores intervinientes en el proceso judicial, para mejorar así un sistema que garantice una prestación de calidad y que cada ciudadano tenga acceso a una Justicia eficiente y eficaz.
