El planteo de la sobrepoblación de abogados no es novedoso ni de fácil abordaje. Si consultamos a la sociedad, incluso al propio fuero, se reconoce el gran número de profesionales que se encuentran hoy en ejercicio, siendo un probable motivo la notoria oferta educativa que de modo local o virtual podemos encontrar en nuestra Provincia.
Ello implica un impacto directo en la metodología y formación del profesional, e indirecto en su medio de vida.
No debemos perder de vista, más allá del interés individual, que la finalidad del abogado es constituirse en auxiliar del servicio de Justicia, y ello debiera redundar en beneficio de toda la sociedad. Como tal, debe abogar, proteger, defender, asistir los derechos de su cliente, fundamentalmente, los relacionados con su libertad y su patrimonio. Por ello es que la discusión respecto de la matrícula necesariamente debe considerar la vinculación que la profesión tiene con esa función social, y en tal sentido debe remarcarse la importancia de un buen profesional para su comunidad.
Actualmente, la matriculación encuentra su regulación en la ley 4.976, dictada en 1984.
En esa época en Mendoza existían solo dos Facultades de Derecho. En las últimas décadas han proliferado numerosas casas de estudio, siendo actualmente once las que ofrecen la carrera a nuestros jóvenes.
Y es aquí donde lo cuantitativo dio paso a lo cualitativo. Al habilitarse irrestrictamente la oferta educativa para Mendoza, la búsqueda de mayor cantidad de alumnos por parte de las facultades involuntariamente ocasionó un descenso de la calidad de sus egresados. Sin entrar a efectuar un juicio de valor sobre los programas académicos de cada casa de estudios, desde la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia se viene advirtiendo desde hace al menos un lustro el impacto negativo de esa merma de calidad en el servicio profesional que se presta a la ciudadanía: La formación de nuestros profesionales ha cambiado y, en muchos casos, los profesionales se matriculan sin poseer los conocimientos mínimos respecto de cuestiones procesales básicas, desconociendo el régimen disciplinario y ético que lo rige e ignorando la organización del sistema de Justicia en nuestra Provincia.
Lo que se procura mediante el proyecto de ley recientemente enviado a la Legislatura es que quienes pretendan matricularse brinden un examen que sirva para garantizar a la ciudadanía mendocina que el matriculado posee dichos conocimientos mínimos.
Tal evaluación no debiera suscitar controversia alguna. En numerosos países occidentales -incluyendo algunos países latinoamericanos- existe el examen de barra, sin cuestionamientos de ninguna especie.
Si las universidades aseguran la calidad de la enseñanza que imparten, sus egresados no tendrán ningún inconveniente en superar la evaluación prevista en la normativa propuesta. Más aún: la evaluación debiera funcionar como una inspiración para alcanzar la excelencia educativa.
En definitiva, apoyo y celebro esta iniciativa legislativa mediante la cual nuestra provincia ejerce en beneficio del pueblo mendocino sus facultades no delegadas a la Nación. Como parte del servicio de Justicia que todos los operadores del derecho procuramos mejorar, este proyecto es el aporte de la abogacía organizada para asegurar a la ciudadanía la idoneidad de los profesionales que se incorporan al sistema.
