Ex juez Romano volvió a declarar en el juicio por delitos de lesa humanidad

El ex juez Otilio Romano, quien es juzgado por complicidad con la dictadura cívico militar, declaró por cuarto día y en su maratónica ampliación indagatoria se desligó de la acusación de asociación ilícita que pesa sobre él.

Ante el Tribunal Oral Federal 1 y luego de un un paréntesis de una semana, Romano leyó ochenta casos para desligarse de la acusación de asociación ilícita y volvió a apelar a conceptos del Estatuto de Roma para argumentar tecnicismos jurídicos en su favor.

En este sentido, expresó que "mi comportamiento no respondía a un patrón regular, que según aquella norma, es una de las condiciones necesarias para incurrir en el dolo para los delitos de lesa humanidad" y agregó que "como fiscal en la dictadura rescataba la libertad de expresión, que ya vimos que esta estaba bastante coartada, y nosotros la hacíamos respetar de acuerdo al caso que nos cabía".

Romano en diferentes tramos de su declaración se dirigió al Tribunal con preguntas retóricas y expresiones irónicas para desestimar las acusaciones que pesan en su contra.

El ex magistrado volvió a expresar su voluntad de ser sometido a una pericia psiquiátrica, y sobre su huída a Chile para evitar ser detenido, explicó que no se trató de una fuga "porque había solicitado asilo político ante las autoridades de aquel país", a la vez que acusó al juez Walter Bento, quien solicitó su extradición del país trasandino, al afirmar que "quedó obstinadamente en mi causa".

Una vez más, Romano aduciendo problemas de salud y cansancio, solicitó que se suspenda su indagatoria y reanudarla en una quinta jornada de debate, pedido que fue aceptado por el presidente del Tribunal, Alejandro Piña, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 19 de octubre.

El ex camarista es juzgado, junto a otros 40 acusados, en el denominado "Juicio a los jueces" ya que también están imputados sus compañeros en la Cámara Federal de Mendoza Luis Miret y Guillermo Petra Recaberren, y el ex juez Rolando Carrizo.

El proceso comenzó el 17 de febrero de 2014 por la causa F 636 instruida por el Juez Walter Bento a requerimiento del entonces Fiscal General Omar Palermo se procesó y elevo a juicio a quienes ejercieron como jueces, fiscales y defensores durante la dictadura militar en la provincia de Mendoza.

Al momento de iniciarse la investigación seguían ejerciendo como jueces federales Romano y Miret y ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura luego de un procedimiento largo y con plenas garantías. El 16 de diciembre de 2011, por unanimidad fue destituido Romano considerando que "no le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor", El jury determinó que "el acusado, en contraposición con la celeridad y diligencia que demostraba para investigar las infracciones", "en función de la Ley 20.840 (o "antisubversiva"), nada hizo respecto de los graves delitos de torturas, violaciones y robos" denunciados en "forma directa" y con "detalles" ante él, incluso durante las indagatorias. "incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia".

Romano huyó a Chile para intentar conseguir "asilo político", y el país vecino previo dictamen de la Procuradora de la Corte resolvió otorgar la extradición para ser juzgado en Argentina.

En tanto, el 11 de marzo de 2011, el jury entendió que Miret como juez subrogante tuvo "noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina".