Alberto Fernández tuvo que recoger el guante y recalcular: decidió extender las sesiones extraordinarias del Congreso para que se debatan los regímenes de jubilaciones de privilegios, tras un escándalo provocado por el propio Frente de Todos en Diputados.
Ocurrió que, en el marco del debate por la ley de emergencia económica, el oficialismo decidió suspender la movilidad jubilatoria para el régimen general (haberes más bajos), pero mantenerlo para las jubilaciones de privilegio.
En diálogo con Los Andes y otros medios acreditados en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, explicó que la decisión se tomó para "evitar juicios millonarios contra el Estado nacional".
La decisión, que no fue apoyada por Juntos por el Cambio, generó un escándalo y Fernández llamó a la Casa Rosada a Massa y a los diputados Darío Martínez y Juan Manuel Cheppi. Les dijo que había que corregirlo inmediatamente.
“Vamos a tratar la eliminación de algunos regímenes de privilegio entre ahora y febrero”, contó Martínez al salir de la reunión. Horas más tarde, Fernández hizo el anuncio de extensión de las sesiones extraordinarias.
El lunes, en lugar y horario a definir, se reunirá una comisión liderada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y representantes del ministerio de Trabajo y del Congreso, con la oposición.
Se tratará de unificar el proyecto del Gobierno para suspender la movilidad también a los haberes de privilegio con la iniciativa presentada ayer por el senador radical mendocino, Julio Cobos.
Para poder eliminar "algunos regímenes" de privilegio, se deberá modificar la ley N° 24.018, que los regula. Fuentes de Casa Rosada indicaron que comenzarán por los casos de ex jueces y ex diplomáticos y luego irán analizando "uno a uno" los 47 regímenes distintos que existen.
Esa ley establece requisitos diferenciados según los cargos, pero fija “el 82% de la remuneración total correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba”. Es decir, la movilidad se efectúa cada vez que varía la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber.
En la Argentina hay 4.938 personas que cobran jubilaciones de privilegio por haber ocupado un alto rango en el Estado nacional. Perciben mes a mes haberes de unos 236.000 pesos en promedio, lo cual insume una erogación anual de 14.000 millones de pesos.
En 2002, en medio de otra crisis económica y financiera de la Argentina, el Congreso había eliminado todas las jubilaciones de privilegio, pero con el decreto 2322, el entonces presidente Eduardo Duhalde vetó parcialmente esa ley (25.668) y dejó en pie el régimen para ex presidentes, vices, jueces, fiscales, diplomáticos y obispos; investigadores científicos y tecnológicos (como Conicet, INTI, INTA) y docentes. Legisladores nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo quedaron afuera.
Promesas y dudas
Fernández afirmó en su mensaje por redes sociales que tiene la intención de "garantizar la igualdad" en el trato a todos los jubilados y ratificó que los incrementos salariales que establecerá por decreto entre enero y junio, no harán perder poder adquisitivo a las personas del sector pasivo.
La oposición tiene serias dudas. El presidente de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo, consideró que con los aumentos por decreto se va a "perjudicar" a los jubilados y señaló que si el incremento fuera mayor a la inflación, dejarían la movilidad actual.
Fernández aseguró que para poder salir de la emergencia económica y social, su gobierno va a "trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todos".
El Poder ejecutivo confirmó además que el lunes 30 pagará una suma de 5.000 pesos a los jubilados que cobran la mínima (de 14.068 pesos) y 2.000 pesos a los chicos que cobran la Asignación Universal por Hijo. Estas medidas abarcan a un universo total de 6,7 millones de personas.
Para pagarlo, ayer se definió una ampliación del Presupuesto 2019 de 40.261,9 millones de pesos. Esa ampliación del gasto fue autorizada por el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, y el ministro Martín Guzmán.
Los funcionarios también resolvieron extender el plus a todos aquellos que perciben haberes de hasta $ 19.068, para equiparar los ingresos en ese rango.