Se cumple hoy una semana de la notificación del Tribunal de Cuentas al ex director de administración de la Dirección General de Escuelas en el año 2011, Carlos González. En veintiun días deberá devolverle al Estado provincial 1.256.000 pesos y, además, pagar una multa de 14 mil pesos.
El fallo 16.306 firmado por Salvador Faruggia, Mario Angelini, Francisco Barbazza y Héctor Capputo le fijó un plazo de un mes para que González -funcionario bajo la gestión en la DGE del actual intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles, y del gobernador Celso Jaque- deba depositar esta cifra millonaria en la cuenta corriente del Tribunal en el Banco Nación Argentina sucursal Mendoza.
Ello debería suceder antes del viernes 6 de marzo, aunque en el Tribunal de Cuentas se aclara que -en caso de no efectivizarse- el expediente pasará a la Fiscalía de Estado para su requerimiento judicial.
El ex director está acusado de haber alquilado 130 computadoras e impresoras a un precio que triplicó el propio valor del equipamiento contratado bajo el régimen de leasing.
El artículo 46 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas (1003) establece que “las decisiones definitivas del Tribunal se llevarán a efecto no obstante cualquier recurso que contra ellas se interponga. Y sólo se suspenderá su ejecución cuando se efectúe el pago o se consigne en la forma señalada el importe del cargo o multa”.
Sin embargo, admite que “la Suprema Corte de Justicia podrá, si conociere de alguna acción o recurso con el fallo, ordenar se paralice su ejecución cuando así lo estime, hasta que se dicte la resolución definitiva”.
En la DGE hoy recuerdan a González como “un hombre de cuarenta y pico, bajito, de anteojos y que vivía en el Barrio Furlotti de Maipú”. E inmediatamente aclaran que “nunca tuvo funciones en la DGE durante la actual administración de María Inés Vollmer” ya que “se fue con López Puelles”.
González se desempeñaba en el área Informática mientras el actual intendente de Luján era director de Administración de su antecesora, Iris Lima.
Con el remplazo de Lima por López Puelles, González también ascendió y asumió al frente la dirección de Administración. En tanto en Luján, impera el silencio desde el intendente a los concejales, aunque una versión ubicó a González cumpliendo tareas para López Puelles 'durante un tiempo' en la comuna.
Junto a González, el Tribunal de Cuentas dispuso la aplicación de otras multas: es el caso del actual coordinador de gabinete de Luján, Miguel Angel Sottile, ex director de Asuntos Jurídicos de la DGE, quien deberá pagar 2 mil pesos; Bibiana Nieto, ex directora financiero-contable, con 22 mil pesos; Lucrecia Olive con 2 mil pesos y Sergio Tonolli, con 10 mil pesos.
Los hechos
En el año 2011 y durante el proceso de inscripción para el bono de puntaje docente de ese año, la Dirección General de Escuelas apuró un proceso de contratación directa de equipamiento tecnológico para realizar la tarea.
Según destaca el informe del Tribunal de Cuentas, el Estado había previsto la adquisición de 100 computadoras en 3.575 pesos cada una y terminó pagando a la empresa Systech un precio inflado de 10.210 pesos por cada alquiler con opción a compra de cada uno de 130 equipos.
Más graves considera los sobreprecios en las impresoras cuyo valor de mercado de entonces era de 2.646 pesos y se terminaron abonando 7.250, lo que el fallo calificó de “exorbitante e irrazonable”.
El Tribunal de Cuentas puso en duda la 'situación de emergencia' y la 'falta de stock' que argumentó González para justificar la operación. Además, cuestionó la contratación directa, no se privó de hacer notar que en los depósitos del Estado en la ex bodega Giol 'había 26 impresoras que podrían haberse utilizado' y pusieron un manto de sospecha al hecho de que se alquilaron treinta computadoras más de las solicitadas.
