El presidente boliviano Evo Morales promulgó ayer una controvertida ley que amplía la superficie de cultivo de coca, en medio de una división entre sindicatos cocaleros, su principal base electoral, y resistencias de la oposición.
“Estamos aquí orgullosos y honrados de promulgar la ley general de la coca” con la que “queremos garantizar coca de por vida”, dijo Morales en una ceremonia en el presidencial Palacio Quemado. “Es el momento de enterrar la ley 1.008 (vigente desde 1988), que buscaba cero de coca en Bolivia”, sustentó.
La nueva norma, aprobada por el Congreso de mayoría oficialista el 24 de febrero, reconoce un total de 22.000 hectáreas de coca.
Así, Bolivia tendrá 14.300 hectáreas de coca en la región de los valles subandinos de los Yungas, donde se siembra desde tiempos precolombinos, y 7.700 en la región de Chapare, centro del país.
Según la oposición, “los informes de instituciones como la Unión Europea o de la ONU indican que el 90% de la coca del Chapare va al narcotráfico y eso quieren legalizar”, lamentó días antes el ex presidente Jorge Quiroga.
En tanto, el líder de los cocaleros de los Yungas de La Paz, Franklin Gutiérrez, que no asistió al acto, afirmó también que la hoja de coca del Chapare “no se destina al mercado tradicional”.
Antiguo dirigente de los seis sindicatos de cultivadores del Chapare, de donde saltó a la política, Morales salió al frente de las críticas a la ley y afirmó que “no somos de la cultura de la cocaína” y reivindicó que “nuestra cultura de la coca es milenaria”.
