Frente al reclamo de propietarios vecinos de los campos por donde pasará la línea de energía, el Ministerio de Economía, a través del ingeniero Raúl Llanos, director de Administración de Contratos de Obras Públicas explicó que desde 2008 comenzaron todos los trámites para esta obra y detalla en una lista cronológica todos los pasos, donde están incluidas dos audiencias públicas sobre este tema.
Una, el 8 de marzo de 2012 cuando se analizó el otorgamiento del certificado de conveniencia y necesidad pública, realizada en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante y la segunda, el 30 de marzo de 2012 por la manifestación general de impacto ambiental en el vicedecanato de la UTN San Rafael.
También se abunda en detalles entre ellos los estudios arqueológicos en el trazado ahora cuestionado.
Sin embargo, los propietarios aludidos insisten en que "no se ha realizado un estudio socio -ambiental sobre el impacto de dichas obras conforme a la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente o de Presupuestos Mínimos), ni un procedimiento de evaluación ambiental estratégica requerido en los tiempos actuales.
Afirman que "no se ha tomado en cuenta el impacto en diversos aspectos que se ocasionarían en la salud, tampoco los impactos a las economías regionales, turístico y paisajístico, entre otros. Los reclamantes agregan que tampoco "se ha realizado para su instalación, un estudio de ordenamiento territorial que disponen los artículos 8 y ss. de la Ley General del Ambiente, 25.675 o de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.
Es decir, no se ha tenido en cuenta una zonificación adecuada. Más aún que de acuerdo a la trascendencia y los impactos existen otras opciones, y por ello es que solicitamos la modificación de la traza.
Desde el Ministerio desestiman todos estos reclamos con la documentación que obra en ese organismo que afirma haber cumplido con todos los requerimientos hasta la licitación adjudicada a una UTE integrada por Distrocuyo y Obras Andinas.
Finalmente los propietarios abundan en detalles sobre los posibles impactos sanitarios que derivarían de la instalación que pasa por sobre sus propiedades y citan ejemplos de estudios que corroborarían su afirmación.
