Después de que se conociera que Alfredo Cornejo presentó un proyecto para modificar la regulación del ejercicio de la abogacía, los estudiantes de distintas universidades se organizaron en una asamblea apartidaria y se manifestaron en contra de la iniciativa.
"Es una medida inconstitucional y arbitraria. Es un atropello a nuestro derecho a estudiar y a trabajar", explicó la estudiante de la Universidad Siglo XXI Brenda Ballesteros.
"Esto no tiene precedente en el país ni en la profesión. Quieren experimentar con nosotros para aplicarlo en otras provincias", agregó.
Los estudiantes se reunieron el martes frente a la Legislatura y allí nombraron representantes de la casas de estudios que dictan Abogacía y que tienen sede en Mendoza. Armaron un escrito que presentaron a la vicegobernadora Laura Montero y lograron ser escuchados en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside el senador Marcelo Rubio.
Entre los fundamentos para rechazar el proyecto, esgrimen que la Provincia se toma atribuciones que no le competen y que la norma tiene vicios.
"Buscan limitar la matrícula avanzando en facultades dadas a la Nación. Porque es el Ministerio de Educación de la Nación y la Coneau los que tienen competencias", comentó Cintia Núñez, de la Universidad Champagnat.
Los fundamentos de la protesta
En nuestro sistema educativo los títulos con reconocimiento oficial son “académicos y habilitantes”, certifican la formación académica recibida y habilitan para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional.
La habilitación es una potestad a cargo de las Universidades reguladas por el Ministerio de Educación de la Nación.
A pesar de que la Constitución provincial en el artículo 144 inciso 12 indica que una de las atribuciones de la Suprema Corte es formar la matrícula de abogados, escribanos, procuradores y peritos judiciales con arreglo de la ley, las provincias nunca podrán establecer normas que pretendan poner en tela de juicio el valor habilitante de los títulos expedidos por las Universidades.
El proyecto de ley afecta múltiples derechos reconocidos por la Constitución Nacional en los artículos 14 y 14 bis en lo referido al derecho a enseñar y aprender, sino que también es claramente violatorio de sus artículos 31 y 75 incisos 18 y 19.
El proyecto
La idea se empezó a gestar el año pasado en la cena de gala por los 100 años del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.
Las palabras que el gobernador Alfredo Cornejo manifestó en esa oportunidad se concretaron en el proyecto para modificar la ley 4.976. Si se aprueba en este período, el año que viene todos los abogados que se quieran matricular deberán rendir una prueba.
"El examen es una exigencia que no sólo limitaría la cantidad de abogados en competencia en el mercado, sino que también es una forma de fortalecer la profesión", dijo el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, para defender la iniciativa cuando la presentaron.
