La aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura, en medio de un escándalo que incluyó gritos, botellazos y amagues de peleas en la madrugada de ayer, tendrá el siguiente capítulo de disputas en la Justicia: colegios de abogados, organizaciones no gubernamentales, la Asociación de Magistrados y partidos políticos, entre otros, harán presentaciones para intentar frenar el paquete de reformas impulsadas por el gobierno de Cristina Kirchner. Parte de los espacios opositores también analizan impugnar la votación que provocó el revuelo en el recinto de Diputados.
Varios sectores adelantaron que ya tienen preparados los textos de las presentaciones judiciales, a la espera de la promulgación de los dos proyectos que ayer se convirtieron en ley: la creación de tres Cámaras de Casación -en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social- y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado.
Por el Consejo de la Magistratura, en cambio, esperarán al final del tratamiento en el Congreso. Sucede que como el kirchenrismo incluyó los cambios pedidos por la Corte Suprema -a través de una nota firmada por el presidente de las Cámaras- para mantener bajo su órbita el manejo presupuestario y el nombramiento de personal, y también incluyó una modificación electoral, el texto debió volver al Senado y esa Cámara lo aprobaría en el recinto el 8 de mayo.
Las acciones apuntarán a la presunta inconstitucionalidad de las normas por afectar la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, y a la supuesta violación del artículo 29 de la Constitución , que como señalaron varios legisladores opositores establece que el Congreso "no puede conceder al Ejecutivo" la suma del poder público.
"En democracia hay que aceptar los resultados. Ahora hay que ir a Tribunales, llega el tiempo de las reglas republicanas que también deben ser aceptadas por todos", aseguró Jorge Rizzo, titular del Colegio Público de Abogados.
El radicalismo, luego de una reunión partidaria, anunció que "recurrirá a todas las instancias para defender la división de poderes, la independencia de la Justicia, para impedir que quede impune la vergonzante corrupción". En un comunicado firmado por Mario Barletta -presidente de la UCR-, el senador Ernesto Sanz y los diputados Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, adelantaron que el partido presentará un amparo para frenar el proyecto sobre las cautelares "porque afecta los derechos humanos" y que también recurrirá a organismos y tribunales internacionales. La diputada Elisa Carrió también presentó ayer su propia denuncia en los Tribunales de Comodoro Py.
En cuanto a la aprobación que provocó el escándalo -en el artículo 2 el tablero marcó 128 positivos, uno menos que los necesarios, y luego dos diputados oficialistas que aparecían con abstenciones aclararon que sus votos eran a favor-, algunos legisladores no definieron si irán a la Justicia y otros ya lo descartaron.
"Estamos chequeando, queremos comparar la versión taquigráfica con la filmación para saber qué corresponde hacer", dijo Federico Pinedo, jefe del bloque macrista. "No creo, la cuestión de fondo es la grosera inconstitucionalidad de la ley", planteó Gil Lavedra. "No soy de las que hacen cola en los tribunales. Y las inconstitucionalidades no las declaramos los legisladores, sino los jueces", descartó Margarita Stolbizer a Clarín, aunque agregó que el GEN presentará un amparo si se sanciona la reforma del Consejo de la Magistratura.
