Durante estas tres décadas de vida democrática, la política no pudo escapar a la tentación de buscar influenciar en las decisiones de los jueces, desde el arbitrario manejo de la conformación del máximo tribunal hasta la penetración ideológica y el sometimiento a quienes sólo pretendían ejercer el magisterio en forma independiente.
No está demás advertir que en una nación con ejercicio de un presidencialismo fuerte, como la Argentina, la correcta división de poderes garantiza a los ciudadanos el derecho de vivir en libertad. Un poder judicial independiente solidifica al denominado Estado de derecho que identifica a una república, en la cual los distintos poderes públicos se encuentran sometidos por igual al imperio de la ley.
En ese contexto, el Poder Judicial debe ser independiente para lograr encauzar a los restantes poderes, en especial el Ejecutivo, cuando sus acciones salgan del derrotero indicado por la legislación vigente.
El inevitable escenario de confrontación política en el que suelen quedar inmersos el Ejecutivo y el Legislativo debe potenciar naturalmente el papel arbitral que se requiere de un Poder Judicial totalmente despojado de los intereses que mueven a la lógica puja partidaria.
Por el contrario, en estos casos la inacción de la Justicia suele derivar en un camino irreversible a las prácticas autoritarias, si el Ejecutivo goza de respaldo legislativo suficiente, o a un conflicto de poderes de difícil solución cuando las fuerzas partidarias están en paridad y no hay lucidez ni capacidad en su seno para destrabar una crisis por la vía del consenso y el diálogo.
Remitiéndonos sólo a lo reciente, la última década en nuestro país estuvo marcada por un ejercicio excesivo del presidencialismo, que llevó a la fuerza en el poder a la adopción de innecesarias posturas autoritarias alejadas de los preceptos republicanos.
Esa tendencia alcanzó los ámbitos judiciales y se tradujo en una inaceptable militancia política que pretendió, lisa y llanamente, que la Justicia argentina sólo se expresara con sus fallos y resoluciones en línea con las directivas políticas del Ejecutivo. Y los muchos, posiblemente la mayoría, jueces y fiscales que no se prestaron a ese juego debieron soportar embestidas atroces o bien optar por el silencio o, por qué no, la cobardía para expresarse a favor de lo justo, conforme la investidura que les confiere la Constitución.
El actual presidente de la Nación dijo en su discurso de asunción, ante la Asamblea Legislativa, que en lo sucesivo no existiría más en la Argentina una Justicia adicta políticamente y garantizó el libre ejercicio de la función judicial en todas sus instancias.
Por ello es de esperar que 2016 sea el año del renacimiento de la Justicia libre e independiente en el país, partiendo de la base de que no hay más justicia legítima que la que se ejerce en libertad, sin pertenencias ideológicas y sin la cobardía con la que, lamentablemente, muchos actuaron en los últimos años con el solo propósito de subsistir en el cargo y no tener que enfrentarse a la corrupción y el autoritarismo.
