Estatizan el predio de la Sociedad Rural en Palermo

La presidenta Cristina Fernández dispuso hoy la "recuperación" del predio ferial del barrio porteño de Palermo que e Estado había vendido a la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1991, por considerar que fue ocupado de manera "irregular" y adquirido a "precio vil", informó hoy el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

La medida fue tomada a través del decreto 2552, que revocó lo dispuesto en el 2699/91 por el que se vendió a la SRA ese predio un valor equivalente a 30 millones de dólares, "menos de la mitad del valuado por el Tribunal de Tasación", dijo.

Asimismo, precisó que "los ocupantes del predio" serán notificados mañana de la decisión presidencial.

"Esta decisión no es un hecho aislado sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades, sus condiciones, que venimos desarrollando desde año 2003", añadió, y la comparó con lo llevado a cabo con Aerolíneas Argentinas, los fondos de las AFJP e YPF.

El decreto presidencial, que aún no está protocolizado, "fue firmado ayer" por la jefa del Estado, aunque la copia entregada a la prensa carece de la rúbrica presidencial.

La norma revoca "por estar afectado de nulidad absoluta el Decreto No. 2699, del 91, así como todos aquellos actos dictados en consecuencia del citado decreto, por adolecer de igual nulidad".

Asimismo, instruye "a la Agencia de Administración de Bienes del Estado" para que "en su carácter de autoridad de aplicación del presente decreto realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo" así como "todos aquellos inherentes a la regularización jurídica, resultante de dicha medida".

Se establece luego que la Agencia, con la "intervención de la Sindicatura General de la Nación determinará las compensaciones que puedan resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que en su caso pudieran corresponder".

En un informe ante la prensa pero sin permitir preguntas, Abal Medina justificó la decisión del gobierno en que en 1991 "con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular de ocupación del predio por parte de la Sociedad Rural a través del Decreto 2699 se aprobó su venta, por parte del Estado Nacional".

"Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades ha sido definida, por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional", recordó.

En este marco, explicó que "el precio vil de 30 millones de dólares, establecido como valor de aquel predio, representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano que determinó el valor real en la suma de 63.615.000 dólares - a valores de 1991". Aseguró que "se omitió asignar valor a la tasación, realizada por aquel entonces por el ex Banco Hipotecario y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los bienes que, dentro del predio, ya eran propiedad del Estado argentino por el usufructo que la Sociedad Rural Argentina había realizado del mismo hasta el año 1991".

Enfatizó que "sin que mediara justificación alguna", la venta del predio fue realizada en forma directa "evitando los mecanismos de la normativa vigente que eran el remate o la licitación pública".

"Se le concedió a la Sociedad Rural un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble, cuando tal prerrogativa estaba expresamente prohibida", agregó. Recordó entonces que por esas razones, Torres procesó al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y a directivos de la SRA en ese momento, de los Bancos Hipotecario y de la Ciudad de Buenos Aires, y de los organismos involucrados "por el delito de peculado".

Agregó Abal Medina que existe un "dictamen de la Procuración del Tesoro" que declaró "nula, de nulidad absoluta el decreto 2699" porque "una transferencia de bienes estatales es efectuada con sustento en un precio vil resulta ilícita".

Estimó entonces que "al precio vil pagado por este bien inmueble del Estado Nacional, se suma el gravísimo hecho de que la SRA dejó de pagar los compromisos contraídos por aquel acto" y la deuda asciende a 157.397.269 pesos "calculando los intereses y penalidades previstas".