En su última declaración titulada, con cierto dramatismo, “La Patria en peligro” la “oligarquía intelectual” kirchnerista del grupo “Carta Abierta” propone la estatización del comercio exterior, para terminar con el poder de la “oligarquía agraria”.
Sostienen que un pequeño grupo de grandes empresas exportadoras “han organizado un cepo financiero sobre el gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país como la devaluación”.
Agregan, “lo cierto es que han conseguido (las grandes organizaciones agropecuarias) forzar e imponer una depreciación del peso no querida por el gobierno ni conveniente para las mayorías populares, y tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores”. Siendo las divisas “el recurso clave para la continuidad y profundización de dinámicas progresivas. Por lo tanto resulta indispensable sustraer la disposición sobre las mismas del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental”.
Y no se quedan ahí: “La soberanía en la disposición de las divisas requerirá avanzar en otras áreas para reforzar el control estatal y social (por ejemplo, a los puertos privados)”. Al menos en esto las expresiones son claras, superando su confuso lenguaje habitual.
La de los intelectuales oficialistas no es la única propuesta en ese sentido. La senadora por Río Negro Silvina García Larraburu acaba de presentar un proyecto de ley para recrear la Junta Nacional de Granos tal cual existía en los años 60 del pasado siglo. También Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, ha hecho referencia a la necesidad de avanzar con un mayor control por parte del Estado en la comercialización de granos.
La historia de intervención del gobierno en la comercialización de granos y el comercio exterior en general tiene en la Argentina una larga historia, cuyos hitos más importantes conviene repasar. Para ello hay que tener en cuenta la relación existente entre el comercio exterior y el régimen cambiario; cuando los exportadores no disponen de las divisas sino que deben entregarlas al Estado, es una forma de estatización del comercio.
Así, en el año 1933 y a consecuencia de los efectos de la crisis internacional, el gobierno aplicó el control de cambios que implicaba que el Gobierno compraba las divisas (libras y dólares) provenientes de las exportaciones a un determinado precio y las vendía a los importadores a un precio más alto. El gobierno determinaba las prioridades en materia de bienes a importar. La diferencia entre precio de compra y de venta se denominó “margen de cambio” y estaba destinado a asistir a los productores agropecuarios.
En la medida que la crisis se agravó, con una profunda caída de los precios de las exportaciones de granos y carne, se tomaron otras medidas. Una fue la constitución de las Juntas Reguladoras para varios productos (hubo una para la Vid y el Vino) pero la más importante y duradera fue la de granos (JRG).
La Junta compraba los granos a los productores a precios superiores a los de mercado y los vendía a pérdida en el mercado externo e interno; la pérdida se pagaba con el margen de cambio. Superada la crisis vino la Guerra Mundial y tanto la Junta como el control de cambios reforzaron sus funciones.
En mayo de 1946 el gobierno de Perón, sobre las bases de las Juntas y el control de cambios, crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), con amplias facultades y medios, quien pasó a monopolizar el comercio exterior. Además de las exportaciones, manejó en forma directa las importaciones, buena parte de ellas rezagos de la guerra. Como pagaba barato los granos y carnes y los vendía caros, obtenía grandes beneficios, a costa de la “oligarquía”. Con la caída de Perón el IAPI fue disuelto pero en 1963 se recreó la Junta Nacional de Granos, también con amplísimas funciones, incluido el control de elevadores de granos en los puertos. Este organismo fue disuelto en 1991.
Sin embargo, en la actualidad, dado el control de cambios existente, el sistema de cambios múltiples, la necesidad de tener autorización para exportar y lo mismo para importar, en realidad pedir la estatización del comercio exterior es una redundancia, hace 10 años que fue nuevamente estatizado. Ahora lo que se busca son golpes de efecto para mantener la iniciativa política.
