Cuando en 2008 el Gobernador Celso Jaque anunciaba su intención de aumentar la participación del Estado en la entonces Obras Sanitarias Mendoza, expresábamos en esta columna nuestras reservas sobre la conveniencia de la medida.
Señalábamos que había sido bajo un Gobierno Justicialista en 1993 que se había realizado un proceso de reorganización de la provisión del servicio de agua potable y desagües cloacales. Se sancionó la Ley 6044 que estableció la política general y los objetivos a alcanzar, procediendo a separar orgánicamente las funciones de regulación, control y policía de los servicios, de la operación o prestación de los mismos.
En ese marco jurídico institucional otro gobierno justicialista procedió, mediante licitación pública nacional e internacional, a la venta del 70 % de las acciones de OSM, que adquirió un grupo integrado por empresas extranjeras y nacionales por el que pagaron U$S 150 millones, mientras que el 30% restante quedó: el 20% en manos de la Provincia y el 10% es destinado al programa de propiedad participada. Quede claro que la provincia no vendió las instalaciones de agua y cloacas; otorgó una concesión por 25 años. Al finalizar la misma las instalaciones, el capital físico, volverá a manos del Estado.
Observamos en aquella fecha lo que ya era el problema central de la empresa, la falta de actualización de las tarifas congeladas desde 1991 y que recién en marzo de 2008, se había otorgado un aumento, consecuencia del acuerdo de arreglo de diferencias firmado por el Gobernador Julio Cobos.
Recordamos entonces que la Provincia no había cumplido la obligación de elaborar y aprobar una tarifa por volumen de agua consumida, en remplazo de la actual que se establece por consumo presunto. Esta tarifa nunca se elaboró a pesar de que se colocaron 100.000 medidores, con un gasto de U$S 10 millones, medidores que hoy en gran parte están deteriorados o sin uso.
La razón que invocaban para la estatización era la necesidad de tener un mayor control de las decisiones de la empresa; evitar el "inminente colapso" de los servicios; planificar adecuadamente los mismos; que "otras provincias han hecho lo mismo". Razones al menos poco consistentes con relación a costos y consecuencias que la decisión podría implicar.
Hoy, transcurridos más de dos años de la re estatización mediante la creación de una nueva empresa, los problemas no sólo no se han resuelto sino que se han agravado, a pesar que desde diciembre de 2011 la tarifa se ha incrementado casi un 70%. Señala el presidente de la empresa que ésta tiene un déficit operativo mensual que supera los 5 millones de pesos y no tiene fondos para realizar las inversiones necesarias en renovación de redes de agua y cloacas.
Se recurre a la consabida muletilla de que en 30 años no se hizo nada y que el período de concesión privada fue un fracaso. Dos afirmaciones más que discutibles, la segunda porque la empresa fue asfixiada con el congelamiento de tarifas. La restante está desmentida por los propios datos que figuran en el sitio de Aysam; sobre una población de 1.100.000 habitantes en el área de la empresa el 99% tiene cobertura de agua potable y el 85% de cloacas. Está a la vista la extensión de servicios que mal o bien se han venido haciendo a medida que crecía la población y la urbanización. Esta cobertura no la tiene ninguna ciudad del país y es un elogio que siempre se hace a Mendoza.
El problema central de Aysam es la imposibilidad de acceder al crédito internacional de largo plazo, abundante y barato, para financiar obras que se amortizan a largo plazo. La culpa es de la política nacional de aislamiento financiero.
