Al asumir sus funciones, el nuevo ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, aseguró que durante su gestión priorizará el diálogo, tanto en el plano político con los partidos de la oposición, como en el gremial, en las discusiones salariales y la relación con el sindicalismo.
En ese marco, la primera acción del funcionario fue convocar a los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado a los efectos de establecer pautas de discusión previas a las paritarias, y los resultados han sido, al menos por el momento, positivos. Aunque, vale también aclararlo, se trató de conversaciones previas y no se ha ingresado en el núcleo de la discusión, como es el porcentaje de aumento ofrecido por el Poder Ejecutivo y el que reclaman los dirigentes.
Las discusiones salariales del año que recién comienza no serán un lecho de rosas. Desde el Gobierno nacional se intentó establecer un “techo”, a los efectos de evitar un brote inflacionario cuando se conozcan los porcentajes alcanzados, pero los aumentos observados durante diciembre y en esta parte de enero dieron por tierra con aquella intención.
Las advertencias han comenzado a plantearse, aun a pesar de que enero es un mes “tranquilo” y es muy factible que en febrero y marzo se recaliente la discusión. Hasta la propia CGT “oficialista”, que conduce el metalúrgico Antonio Caló, ha salido a manifestar que el porcentaje anticipado por el Gobierno está siendo cuestionado por el grueso de los gremios.
Los salarios de la actividad privada, salvo excepciones, están atados a lo que consigan sus pares nacionales, razón por la cual el eje de la discusión, en Mendoza, suele pasar por los planteos que surgen desde los gremios del Estado. En este caso, los antecedentes obligan a que las partes realicen los planteos con la responsabilidad y seriedad que les corresponde.
El método de la “presión”, utilizado en años anteriores, no es el más aconsejable porque en definitiva quien termina pagando las consecuencias es la población en su conjunto, especialmente cuando las medidas de fuerza surgen desde el área de la salud, la educación y la justicia. También es cuestionable el corte de calles, como ha sucedido, porque generan problemas a personas que nada tienen que ver con el conflicto y terminan, en definitiva, rechazando y denostando ese tipo de actitudes.
El derecho de huelga está claramente establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la dirigencia sindical puede acudir a ella cuando están afectados los intereses de sus representados. Pero debe ser la medida extrema, cuando se han agotado todos los caminos de diálogo y no como elemento de presión para obtener un mejor posicionamiento en el momento de las discusiones.
Más aún cuando los trabajadores del Estado cuentan con el derecho de la estabilidad, que está destinado para que un gobierno, cuando asuma, no tome represalias contra trabajadores de otro color político. Pero esa prerrogativa no puede ser utilizada en cualquier momento y por otras causas.
Las circunstancias actuales permiten presumir que la discusión paritaria estatal de este año será difícil. De allí que surja la necesidad de que el Gobierno actúe con la suficiente muñeca política, en base al reconocimiento de la situación y la responsabilidad que le cabe, porque maneja el dinero que aportan todos los ciudadanos de la provincia.
También, que la dirigencia sindical actúe con la seriedad que el caso exige, sin afectar al resto de los mendocinos. De lo contrario, de repetirse los problemas de años anteriores, hasta cabría la posibilidad de replantear algunos aspectos, estableciendo algún tipo de reglamentación cuando comienzan a afectarse los derechos básicos de toda la población.
