El subsecretario de Trabajo, Mauricio Guzmán, se reunió ayer con la dirigencia de los gremios estatales y, aunque éstos se mostraron verbalmente disconformes, les confirmó que “a la brevedad posible” el Gobierno ofrecerá “alguna alternativa” de disminución de la base sobre la que se calcula el impuesto a las Ganancias, tal como expresamente han solicitado en la mesa de negociación paritaria.
“El tema está en seria consideración y algo va a haber”, confirmaron a Los Andes voceros en la Casa de Gobierno, aunque hicieron depender los anuncios de los resultados de las simulaciones que entregará Hacienda en los próximos días, en base a un menú de opciones que aún no tiene una definición oficial sobre la elegida.
El Gobierno anticipó a los gremialistas que les podrá dar precisiones el miércoles, al día siguiente del paro convocado a nivel nacional justamente para reclamar contra el impuesto a las Ganancias y al que han adherido sectores estatales y privados en Mendoza.
Todo indica que -sea cual fuere la decisión final- la medida tendrá empleados beneficiados en todos los sectores del Estado: salud, docentes y administración central, aunque el beneficio no será homogéneo dada la diversidad salarial por área del Estado.
En principio quienes basen sus ingresos en una mayor antigüedad (no importa en qué área trabajen) recibirían un beneficio menor a los que sustenten sus salarios en título, responsabilidad, insalubridad o zona, que resultarían más beneficiados en la reducción de la tributación. Entre los profesionales de la Salud se achicaría sensiblemente el número actual de 1.800 aportantes.
“Mantuvimos una reunión con los representantes de los sindicatos para ir definiendo criterios, dada la diversidad de escalafones que comprenden a los trabajadores de la administración pública provincial”, afirmó Guzmán al término del encuentro. “En breve vamos a estar entregando la propuesta desde el Ejecutivo provincial a los representantes de los trabajadores estatales. Es una etapa que necesariamente debíamos cubrir. Es un cambio que en principio aparece tan importante y de tal envergadura que no puede hacerse de un día para el otro”, remarcó.
A fines de la semana pasada el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, tomó intervención personal en las evaluaciones que -desde hace un año- han venido haciendo técnicos del Gobierno para sondear alternativas de reducción de la base imponible de
Ganancias, para achicar la cantidad de empleados públicos afectados y reducir la carga a los que igual deberán tributar. Fue la primera señal de que el Ejecutivo preparaba medidas similares a las que ya se han adoptado en los poderes Judicial y Legislativo de la provincia, que excluyen algunos ítems al momento de calcular ese impuesto.
Para que sea viable la reducción de la base de cálculo de Ganancias, debe existir una triple aceptación desde las áreas política, legal y contable. Las dos primeras ya han dado el visto bueno y ahora falta el OK operativo. Una medida de este tipo tiene efecto neutro sobre las finanzas de la Provincia, aunque afecta el nivel de recaudación de la Nación, en momentos en los que las relaciones entre la Presidenta y el Gobernador no son las mejores.
Lo que no se ha aclarado hasta ahora es si los funcionarios también recibirán este beneficio.
Decepción
Los dirigentes gremiales que asistieron ayer a la convocatoria del Gobierno esperaban una decisión ya tomada y no ahorraron quejas. “Es una falta de respeto más a los trabajadores. Nosotros habíamos sido convocados y veníamos a buscar el decreto del Poder Ejecutivo que nos permitiera igualarnos con los trabajadores judiciales y funcionarios. Esto es que la base de cálculo (de Ganancias) fuera clase, antigüedad y presentismo. Se suponía que veníamos a buscar una copia de ese decreto”, fustigó la titular de ATE, Raquel Blas.
“La verdad es que es complicado que el Ejecutivo nos convoque para decirnos nada más que tiene voluntad de estudiar el tema. Esperaremos al miércoles para ver qué plantea”, agregó el titular de la CTA disidente y dirigente docente, Gustavo Correa, dejando entrever que en cuatro días más podría haber novedades.
“Fue una reunión decepcionante. Creíamos que nos iban a llevar por lo menos un borrador del decreto”, afirmó la secretaria gremial de Ampros, Claudia Iturbe. “Es un papelón que el Ejecutivo nos convoque a esta altura sólo para decirnos que tiene buena voluntad”, descargó la titular de ese mismo gremio, Isabel Del Pópolo.
La negociación salarial en la Salud permanece estancada luego de que los sindicatos del área rechazaran la última oferta de un 33 por ciento de aumento, aunque una modificación en Ganancias podría destrabarla. La próxima reunión paritaria está prevista para el martes 31 de marzo, pero ese día se llevará a cabo un paro nacional al que han adherido tanto Ampros como ATE, por lo que el Gobierno podría correr la fecha.
