La pulseada entre el Ejecutivo y los gremios estatales por la recomposición salarial, derivada de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación de este año y las negociaciones sobre el incremento para 2018, tuvo ayer un golpe de efecto del Gobierno.
La audiencia con el gremio de los funcionarios judiciales arrojó novedades significativas ya que la administración de Alfredo Cornejo venía ofreciendo en paritarias un bono de compensación que ayer, y bajo advertencia de "última oferta y definitiva", trepó al tentador monto de 7.000 pesos y propuso también una mejora del aumento ofrecido para el año próximo, llevándolo a 15,7% dividido en tres pagos a partir de enero próximo.
Sin embargo, y más allá de números y porcentajes, se develó que esta oferta será tomada como modelo para hacerla extensiva al resto de los gremios estatales y, si no hay acuerdo, saldrá por decreto.
Así, el bono que pretende cubrir el desfasaje entre lo acordado para este año y la inflación real en principio fue de 5.000 pesos, pero ayer -sorpresivamente- el Gobierno decidió elevar su apuesta un 40% en lo que presentó como "una suma única, fija, no remunerativa y no bonificable", y con la aclaración de que "se abonará en los primeros días de enero de 2018".
Cabe aclarar que los gremios habían rechazado la idea oficial de convertir esa diferencia en un “bono de fin de año”, pues consideran que no sólo es “en negro” sino que además lo cobrarán una sola vez, algo que de acordar un porcentaje de incremento se vería reflejado en los haberes de los trabajadores todos los meses de aquí en adelante.
Lo cierto es que ahora la posibilidad concreta de cobrar 7 mil pesos extra en la mano significa para los trabajadores una tentadora posibilidad que pondrá a prueba el margen de negociación de los gremios con sus propias bases para resistir y/o en todo caso rechazar una propuesta que además podrá también hacerse efectiva vía decreto y desairar a la dirigencia gremial, como sucedió con la mayoría de los incrementos salariales de este año al dar por fracasadas las negociaciones paritarias.
2018 con cláusula gatillo
Respecto del incremento salarial para el año próximo, el Ejecutivo había ofrecido inicialmente 14% y ayer la nueva oferta -que también se vaticina como la final- trepa al 15,7% sobre la asignación de la clase o remuneración básica, dividida en tres etapas. La primera, el 1 de enero de 2018 del 5% (antes era desde febrero); la segunda, el 1 de junio del 5,2% y la tercera, del 5,5% pagadera el 1 de noviembre, con la aclaración que esos porcentajes son "no acumulables".
Asimismo, y para evitar desfasajes futuros entre el incremento pactado y una inflación que los supere, se propone incorporar una cláusula de ajuste automático "en el supuesto que el índice de Precios al Consumidor (IPC) que confecciona el Indec experimente en el transcurso del año un incremento acumulado superior al porcentaje de incremento salarial del 15,7% propuesto".
En este supuesto, "la diferencia que se determine se incorporará al básico o asignación de la clase y se liquidará a partir del período mensual siguiente", explicó el subsecretario de Gestión Pública, Ulpiano Suárez.
El funcionario hizo especial hincapié en resaltar que este incremento propuesto es posible en base a ahorros generados por la gestión a lo largo del año y que contempla de manera realista “la situación financiera” de la Provincia.
En el caso particular de los funcionarios judiciales, se ofrecieron también acuerdos específicos para el sector, tras lo cual el sindicato se comprometió a poner en consideración de sus afiliados la propuesta oficial.
Según trascendió, la semana próxima el Ejecutivo replicará esa oferta (el bono de 7 mil por el desfasaje 2017 más un 15,7 de incremento para el año próximo) a la totalidad de gremios estatales y hasta se ilusionan con acordar el salario para el año entrante “antes de Navidad”.
Por supuesto, con una salvedad: los docentes. En el Ejecutivo sospechan que la intención del gremio que conduce Sebastián Henríquez es dilatar la negociación hasta el filo del ciclo lectivo 2018 y poner así en riesgo el inicio de clases.
En todos los casos, hay un mínimo margen de acción para algún acuerdo específico, por sector, que contemple algún convenio o situación particular de un sector de trabajadores. Pero desde el Gobierno ratifican que la de ayer es “la foto de la propuesta definitiva del Gobierno” para 2018.
Brecha entre ATE y ATSA por el bono
En el caso específico del denominado régimen 15 de Salud, es decir los trabajadores no profesionales, también están contemplados en la posibilidad de recibir el bono de 7 mil pesos.
El sector, a través de ATE y su secretario general Roberto Macho, está negociando un convenio específico que podría dificultar el acuerdo general, pero desde el Ejecutivo reconocen que el régimen 15 “fue pionero” en diciembre de 2016 en la incorporación de “la cláusula del último trimestre”.
Sin embargo, la conducción sindical -con Roberto Macho a la cabeza-, ha resistido hasta ahora el bono, pero tal vez la nueva y significativa suma haga cambiar de parecer a la conducción y a los afiliados.
En ese sentido, el Gobierno maneja la información de que el otro gremio de Salud, ATSA, acepta el bono, por lo que achica el margen de maniobra de ATE.
