El gobernador, Francisco Pérez, firmó, por tercera vez en su gestión, un decreto que establece la "restricción y eficientización del uso de los fondos públicos", que consiste básicamente en un congelamiento de los ingresos de personal al Estado.
El anuncio, si bien no sorprendió en un contexto de posibles "ajustes", tiene sus propios antecedentes en años anteriores aunque no ha logrado traducirse en los números: en la era Pérez se han sumado cerca de 8 mil empleados, tal como lo consignó un estudio realizado por funcionarios de la UCR y coinciden desde el Gobierno.
Frente a una planta sobredimensionada, el mandatario anunció el lunes el decreto 155, el cual "prohíbe todo incremento de la partida de personal en todos sus tipos salvo expresa autorización del Gobernador".
La medida es similar a la de los dos años anteriores, y justamente este último término es el que deja librado al arbitrio de Pérez la nuevas incorporaciones, hecho que en la realidad se traduce en más personal a pesar de que la norma rige desde que asumió en su cargo. Es por eso que desde el sector gremial reclaman que se lleven a cabo "políticas de Estado" que trasciendan a los anuncios oficiales.
En efecto, el nuevo decreto se suma al número 1 de 2012, a poco de asumir Pérez y al 43, de enero de 2013. Es por eso que, más de allá de que la medida llegue en un momento de incertidumbre frente al escenario financiero y a la atrasada discusión del Presupuesto 2014, no es la primera vez que Pérez intenta frenar el crecimiento desmedido de personal.
En 2012, el Gobernador hablaba de "revisar caso por caso" para controlar las cifras que daban cuenta de 75.626 empleados entre planta permanente y contratos. Hoy, en el inicio del tercer año de gestión, los números ascienden a entre "80 mil y 85 mil empleados en planta", tal como reconoció Francisco García Ibáñez, secretario Legal y Técnico, sin contar los contratos de locación y prestación de servicios. Frente a este contraste, y con dos decretos de restricción previos, desde el Gobierno dan sus explicaciones.
"Los decretos tienen excepciones que son las que atienden áreas claves y esenciales, como Salud, Seguridad y las escuelas. Lo que la oposición señala en torno a los pases a planta se da porque cada vez que hay paritarias, todos los computados deben ir pasando a planta gradualmente. Esto fue algo que se implementó con (Julio) Cobos", señaló García Ibáñez.
"Con respecto a los años anteriores, se sigue con las restricciones a nivel de incorporación de personal en todas las reparticiones. Lo nuevo es que se hace más restrictivo ya que se obligará a que cada área tenga mayor control en los contratos de locación de servicios. También se controlarán las misiones especiales y cambios de función", explicó el funcionario en cuanto a los rasgos específicos del nuevo decreto.
En este sentido, desde el Gobierno intentan resaltar las novedades y prometen que "los empleados que simularen alguna enfermedad serán pasibles de cesantía" a su vez que se "digitalizará y unificará en cada ministerio y repartición un sistema que registre las entradas y salidas", según señaló García Ibáñez. Todo esto se suma a la reiteración de que se va a apurar a aquellos que están en edad de jubilarse, tal como se estableció en las anteriores oportunidades.
Rechazo gremial
Desde el sector gremial miran con reparo las medidas anunciadas por el Gobierno y reclaman "políticas de Estado" al respecto que trasciendan a un decreto que debe renovarse año a año.
"Lo que no explican es cómo van a hacer para controlar. Por un lado, el trabajador que presenta irregularidades no tiene que ser cesanteado directamente sino sumariado. Por otro lado, ¿quién determina si es trucho o no un certificado? Lo que tienen que hacer es tener una junta médica y un control de ausentismo en el Estado, por ejemplo con los docentes", pidió Roberto Macho, secretario general de ATE.
Al respecto, Macho reclamó que en primer lugar se cumpla con los acuerdos paritarios: "No podemos congelar y seguir teniendo personal en negro", dijo en relación a los contratos de locación y la prestación de servicios, y agregó: "La metodología es llamar a concurso; si no, el congelamiento es absurdo. Así, ingresaron por la ventana 200 personas a OSEP y 180 a Rentas", señaló (ver aparte) en referencia a los períodos contemplados por los decretos 1 y 43.
"Hablan del tema jubilatorio y eso es algo que por ley los que cumplen con los aportes se tienen que jubilar. También plantean digitalizar la entrada y salida del personal; finalmente, hay centros de salud que necesitan insumos básicos para funcionar", enumeró el gremialista.
