La tercera jornada del juicio contra un falso empleado del IPV y su presunto socio, dejó sobrevolando en la sala de debates una pregunta: ¿todos los denunciantes fueron estafados?
Ayer declararon 5 víctimas de las presuntas estafas y el viernes el tribunal ha citado a 35 denunciantes para conocer en detalle la situación.
Todos los que declararon ayer ofrecieron relatos diferentes, aun en cuanto a quién le entregaron dinero: algunos dijeron que se lo dieron directamente a Hugo Figueroa, en tanto que otros dicen habérselo dado a Daniel Opazo.
La mujer de Opazo se presentó como testigo y sostuvo que algunos denunciantes habían optado por darle el dinero a su marido porque fueron "cómodos" y no querían llevárselo a Figueroa, algo que sí hizo luego su marido.
Frente a este relato, una testigo dijo que Opazo recibía el dinero y que seguramente lo hacía porque se quedaba con algún porcentaje, ya que nadie hace eso "gratis".
Carpetas "por izquierda"
Por otra parte, un afectado declaró que pensaba que las carpetas que ofrecía Figueroa debían ser "por izquierda", ya que estando anotado en el IPV durante años nunca logró recibir ninguna vivienda.
Según este testigo, Figueroa les habría dicho que tenía un contacto dentro del IPV, que podía acceder a carpetas cuyos dueños originales no habían pagado más o bien que residían en el exterior Por ello, al recibir las carpetas debían decir que las tenían desde el momento en que los verdaderos dueños fueron beneficiados por el Instituto de la Vivienda.
El juez Víctor Comeglio, de la Primera Cámara del Crimen, prestó particular atención a este tipo de relatos para determinar, a la hora de la sentencia, si existió engaño, una estafa o bien un acuerdo informal en el cual todas las partes estaban de acuerdo en llevar adelante la falsa operatoria.
Por ello será importante escuchar la versión de todos los testigos, para ver en qué casos existió voluntad de engañar a los denunciantes, o bien si todos sabían que la maniobra no era del todo lícita y había cierto margen de riesgo al aceptar las condiciones propuestas por los imputados.
Según la investigación judicial llevada adelante por la fiscal especial Claudia Ríos, Figueroa ofrecía carpetas del Instituto Provincial de la Vivienda para barrios de Luján y a cambio de participar en la falsa operatoria pedía a cada uno de los estafados entre 3.000 y 7.000 pesos, sin dar un recibo a cambio.
Según los investigadores, Opazo habría recibido dinero de algunos afectados, con la promesa de entregárselo a Figueroa. El lunes pasado, al final de la primera jornada del debate el fiscal de cámara Javier Pascua dejó su función en el debate porque no está de acuerdo con el requerimiento fiscal. Por lo tanto, se hizo cargo de la fiscalía la fiscal Ríos.
