La polémica se desató cuando el Gobierno decidió suspender el anuncio de los datos sobre pobreza e indigencia, aduciendo “severas carencias metodológicas” para establecer los números finales, mientras paralelamente se dieron a conocer las cifras de la Universidad Católica Argentina que señalaban que en el país hay 27,5 por ciento de pobres y 5,5 por ciento de indigentes.
Las expectativas estaban centradas en que se trataba de los primeros datos que debía publicar el Indec luego de la supuesta intención de transparentar los índices con la supervisión del Fondo Monetario Internacional.
En ese marco, en lugar de brindar explicaciones sobre la “demora” en los datos oficiales sobre la pobreza, sectores del Gobierno, con Jorge Capitanich y Axel Kicillof a la cabeza, salieron a cuestionar políticamente los datos aportados por la UCA, asegurando que “los opositores todo el tiempo pretenden desnaturalizar los efectos de las políticas adoptadas” por el kirchnerismo, a la vez que indicaban, sin cifras en la mano, que “la pobreza y la indigencia han bajado drásticamente en los últimos años”.
Cabría establecer en primer término qué se entiende por pobreza, en razón de que las mediciones realizadas por diferentes organismos parten de parámetros absolutamente distintos para realizar las evaluaciones.
Así por ejemplo, tomando como base una familia tipo, conformada por dos adultos y dos menores, para la CGT que conduce el camionero Hugo Moyano, esa familia debería tener un ingreso mínimo de 7.122 pesos para no ser pobre y $ 3.110 para no caer en la indigencia, por lo que para ellos hay en la Argentina 30,9 por ciento de pobres y 12 por ciento de indigentes.
Para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, para no ser pobre hay que ganar un mínimo de 6.320 pesos y para no ser indigente 3.435 pesos y considera que hay 36,5 de pobres y 12,1 por ciento de indigentes.
Para la Universidad Católica Argentina, el sueldo mínimo debe ser de 4.142 pesos para no ser pobre y de $ 1.982 para no caer en la indigencia, calificando que existe 27,5 por ciento de pobres y 5,5 por ciento de indigentes, mientras que en la última evaluación del Indec se calificaba que quien gana más de 1.783 pesos ya no es pobre y quien percibe 787 pesos mensuales supera la indigencia, indicando que sólo hay en el país 4,7 por ciento de pobres y 1,4 por ciento de indigentes. Es difícil establecer cuál de ellos tiene mayor dosis de razón, aunque sí podría asegurarse que no son precisamente las cifras consideradas por el organismo oficial.
Deberíamos advertir además que la pobreza no se puede medir sólo por el ingreso mensual y la frialdad de los números sino que se conjugan una serie de factores, como el acceso a una vivienda digna -con los servicios mínimos como electricidad, agua potable y cloacas-, a la educación, a la salud y también a un trabajo que permita mejorar la inclusión social.
Resulta fundamental también la igualdad de posibilidades, porque las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares determinan que los chicos de clase media que no terminaron la secundaria están desocupados en 8,3 por ciento, mientras que los que pertenecen al sector de ingresos más bajos y sí terminaron la secundaria están en situación de desocupación en un porcentaje de 16,2 por ciento.
Más allá de las cifras o de los datos accesorios, la realidad marca que el Gobierno, en lugar de enojarse, politizar las cifras o demorar los datos oficiales, debería encarar con las medidas necesarias una acción tendiente a reducir los índices de pobreza. Resulta inaceptable que en un país como la Argentina haya gente que pasa hambre, y no todo se soluciona con planes sociales o subsidios sino con políticas que ataquen la inflación y favorezcan las inversiones y la generación de empleo, porque el trabajo es el principal factor que contribuye a la dignidad del hombre.
