Los cambios en la oferta de venta de distintos artículos han sido permanentes en las tres últimas décadas. Las cadenas de supermercados se llevaron gran parte de las compras, aunque afortunadamente lograron mantenerse los almacenes de barrio, las panaderías y hasta las pequeñas tiendas.
Otro tanto se plantea con la aparición de los shoppings que ofrecen un espacio mucho más reducido de lo que los comercios lo hacen en varias cuadras del centro, y así por el estilo. Lo interesante del caso es que ninguna forma ha suplantado absolutamente al o a los otros y que todos pueden mantenerse y por ende se favorece la generación de empleos.
Otro tanto podría decirse de la modalidad en la venta. Las ofertas para captar compradores se mantienen, pero décadas atrás se comenzó a implementar la venta por catálogos, a través de convocatorias en casas particulares, en los casos de los tupper -que eran la novedad-, los cosméticos o artículos de cocina. La situación se fue ampliando y actualmente también es utilizada la venta telefónica.
En ese marco de situación, hay aspectos que llevan a pensar que los gobiernos no se mantuvieron ajenos a esos cambios. Es lo que sucede, por ejemplo, con la implementación de compras por catálogo, que se ha multiplicado en los últimos años pero que se ha profundizado superlativamente durante la actual gestión de Francisco Pérez.
Es muy factible que la burocracia del Estado, que lleva a demorar las decisiones, haya influido para que en 2006, durante la gestión de Julio Cobos, se haya decidido acelerar los tiempos, más aún cuando en épocas de inflación los precios cambian de un mes a otro. Por ello se decidió modificar la ley de contabilidad e incorporar la compra por catálogo para ser utilizada en forma excepcional y sólo en determinados casos.
Sin embargo, lo que en principio limitaba la norma a un monto máximo de 400 mil pesos fue modificado y no se estableció un límite determinado en las compras por esa modalidad. Todo surgió por acuerdo de los principales partidos políticos, a excepción de los demócratas, que manifestaron su negativa a la iniciativa.
Si bien se respetan requisitos tales como un pliego de condiciones generales y un determinado tiempo de publicación, no es menos cierto que, en los hechos, se trata de un modo de contratación directa, que podría ser aceptada sin inconvenientes si se tratara de compras de valores mínimos, pero que deja una señal de inquietud cuando los montos son importantes, como sucedió con la reciente adquisición de móviles policiales por 26 millones de pesos o la compra de dos camiones y 18 ambulancias para el Ministerio de Salud.
El tema se amplía cuando se conoce el crecimiento en este tipo de modalidad de compra que han desarrollado las distintas gestiones gubernamentales. Del millón de pesos que apenas se superó en 2008, cuando su utilización era provisoria, se llegó en 2013 a 144 millones de pesos, mientras que sólo a marzo de este año, es decir en sólo tres meses, lo gastado ascendió a 122 millones de pesos, lo que permite suponer que se superarán con amplitud las compras de 2013.
Debemos advertir que no se está poniendo en tela de juicio la legalidad ni tampoco la transparencia de las compras realizadas por catálogo, pero resultaría interesante establecer algún tipo de límite, en valores, a ese tipo de iniciativas, en razón de que se puede caer en el manejo ilimitado de grandes sumas de dinero, que pueden llegar a generar algún tipo de desconfianza en algunos, aun a pesar de que se hayan cumplido todos los requisitos y se haya actuado con absoluta honestidad.
