Si bien las cifras se encuentran dentro de la media argentina, muy alejada de algunas otras provincias, no deja de preocupar que en Mendoza, una de cada cuatro personas trabaja para el Estado. No se le puede atribuir el problema a la actual gestión gubernamental, en razón de que se trata de una situación que lleva muchos años, pero la situación exige que la dirigencia política en general -especialmente el oficialismo- comience a trabajar de inmediato para revertir la situación.
No debe olvidarse, en este aspecto, que parte del aumento de trabajadores que se desempeñan en el Estado se produjo en una década en la que hubo un crecimiento de la economía, aunque es evidente que la actividad privada no alcanzó para cubrir la demanda laboral, mientras cabría preguntarse qué puede ocurrir en el futuro, habida cuenta de que se produjo en los últimos años una fuerte caída en la actividad económica, sin posibilidades reales de que en el corto plazo se pueda revertir.
Los números fueron proporcionados por la Encuesta Anual de Hogares Urbanos y se refieren a datos del tercer trimestre de 2012. Con algunos resultados que sorprenden, como es el hecho de que la provincia que cuenta con un porcentaje mayor de trabajadores públicos es Santa Cruz, gobernada por el kirchnerismo en las dos últimas décadas, donde casi la mitad de los trabajadores (el 48%) pertenecen al Estado.
En orden descendiente La Rioja se ubica en segundo lugar, con un 47,1% y en el tercero, muy cerca, Catamarca, con un 44%. Mendoza se ubica en un grupo intermedio, con un 26,8%. Mientras que Córdoba, con un 16,8%, se ubica en el nivel más bajo en cantidad de empleados públicos por habitante, a pesar de ser la provincia con mayor desocupación -según el Indec-, 10,8%, lo que demuestra que la provincia mediterránea no utiliza al Estado para cubrir las demandas laborales o favores personales, familiares o a punteros políticos.
A fin de que el Estado no siga siendo una de las principales bolsas de trabajo, es necesario generar las condiciones necesarias para que la actividad privada pueda absorber la demanda. Y es aquí donde aparecen contradicciones inentendibles por parte de la conducción económica nacional. Como ejemplo tenemos a nuestra principal industria, la vitivinícola.
En 2005, con Néstor Kirchner presidente, el Estado nacional decidió que la bodegas no paguen un impuesto al champán como bebida suntuaria, siempre y cuando ese dinero sea invertido en la generación de nuevas fuentes de empleo, medida que ha sido mantenida a través de distintos decretos de extensión.
Sin embargo, otras decisiones del Gobierno nacional, como el mantenimiento de un dólar desfasado o las demoras en las retenciones por exportaciones o del IVA han hecho perder competitividad a la industria en los mercados internacionales y que a las bodegas les resulte más redituable exportar vinos a granel que embotellado.
Así entonces, el fraccionamiento se produce en los lugares de destino y Mendoza pierde puestos de trabajo no sólo en las bodegas, sino también en las empresas proveedoras de insumos, como el vidrio, el corcho, las cápsulas o las etiquetas.
Mendoza, en su condición de provincia productora de gran cantidad de frutas y hortalizas, se encuentra con interesantes posibilidades de generar fuentes de trabajo que permitan absorber la mano de obra demandada y aliviar la posibilidad de incrementar el empleo estatal.
Sin embargo, se suceden las denuncias de productores en el sentido de que deben dejar la producción en las plantas por la falta de industrias para elaborar los productos. Por eso es necesario generar las condiciones de seguridad jurídica y económica que permitan incrementar las inversiones. Aspectos que están esencialmente en manos nacionales, por lo cual la Provincia debe reclamar con la seriedad y celeridad que la situación exige.
