El Gobierno provincial ya tiene la ley de Extinción de Dominio, pero aún no se ha comenzado a aplicar y desde el Ministerio Público Fiscal pidieron modificaciones para iniciar con el trabajo en el ámbito civil. El proceso está en manos del jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, quien ya cumplió el plazo de 30 días que tenía para presentar todas las causas abiertas que podrían ingresar en la investigación para recuperar bienes por parte del Estado, pero aún los fiscales no han sido instruidos y se aguardarán cambios en la ley para avanzar.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Legislatura citó el martes a uno de los miembros de la comisión redactora de la ley, Sebastián Soneira, quien defendió las reformas que piden para la ley 9.151 de Extinción de Dominio.
Según comentó el letrado a Los Andes, los cambios se basan en algunas aclaraciones para evitar una segunda interpretación de la ley, sobre todo en los casos sobre costas y el proceso de inhibición.
"La reforma aclara la imposición de costas al vencido, que deben ser afrontadas por el Estado Nacional; y además dos prerrogativas, como la posibilidad de solicitar la inhibición general de bienes (en forma previa o en el inicio de la demanda de extinción de dominio); y también la no necesidad de exigir la contracautela al Estado cuando solicite estas medidas", declaró.
Ante críticas desde el peronismo, que dijeron que se trata de una "sobrelegislación" y que estas propuestas ya están incluidas en el Código Procesal Civil, Soneira expuso que "la idea es que no queden dudas sobre todo para los operadores del derecho".
Lejos de opinar que la inhibición de bienes podría ser perjudicial al acusado, expresó que en estos casos (donde se estudia posible corrupción) "puede ser útil para cristalizar el patrimonio del demandado sin ocasionar una situación más gravosa, como puede ser el remate anticipado de esos bienes que están cuestionados de su legitimidad. La inhibición puede resultar una medida equilibrada y razonable", finalizó.
Omar Parisi, diputado de Unidad Ciudadana, criticó la ley al asegurar que es "inconstitucional". Además lanzó que hay "persecución política", y que se utilizará la inhibición de algún político involucrado en alguna causa para evitar que pueda asumir en el cargo si gana las elecciones. "Si está inhibido, puede ganar la elección pero no podría asumir", destacó. Y acotó: "La ley es una presunción de culpabilidad, avanzan contra todos los derechos de los ciudadanos; alguien que sea electo no podría asumir".
