Una de las condiciones esenciales para que la democracia sea republicana y no populista o caudillista, vale decir que ponga a las instituciones por encima de las personas que las ocupan, es la necesidad de la mayor transparencia posible en todo aquello relacionado con la función pública.
La división de poderes, la libertad de prensa, el derecho a la información y el control de los actos de gobierno son los soportes de la República para que ella pueda llamarse realmente tal. Pero muchas veces esas condiciones son difíciles de cumplir por la opacidad que reina dentro del Estado, e incluso más allá de él, en todas las organizaciones relacionadas con lo público de manera directa o indirecta.
El debate que hoy ha aparecido en la Argentina acerca del rol en la democracia de las centrales de inteligencia es clara manifestación de que en ese sentido no todo está andando bien en el país. Que de algún modo un mundo oculto se está moviendo en los subsuelos del poder y que está produciendo graves consecuencias, al ocupar su tiempo más en la vigilancia de las personas que en las cuestiones referidas a las diversas formas de la lucha contra el delito.
En realidad, el modo en que hoy funcionan los servicios de inteligencia está muy desactualizado con respecto a sus usos modernos frente a las nuevas tecnologías. De algún modo nos hace recordar a aquellos espías de los tiempos de la guerra fría entre las potencias, que cuando ésta culminó, ellos sobrevivieron pero sin funciones a cumplir, por lo que se dedicaron a utilizar sus conocimientos de espionaje para fines particulares que nada tenían que ver con la razón por la que fueron creados.
Además, en la Argentina existió un proyecto en el gobierno anterior por el cual se quiso convertir a las Fuerzas Armadas en una especie de estructura dedicada a la inteligencia y el espionaje políticos, para de ese modo desarrollar un control autoritario, en particular sobre los opositores o disidentes internos. Ese proyecto fracasó por su desmesura, pero sus efectos de alguna manera permanecieron.
Más allá de los usos partidarios que se puedan hacer sobre los recientes descubrimientos de espías que en base a sus informaciones chantajeaban personas, lo cierto es que esta práctica parece ser más frecuente de lo que se podría suponer. Incluso hasta políticos de altísima jerarquía, como la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, han sufrido en carne propia el espionaje en sus vidas personales.
Es por eso que ha llegado el momento de hacer un profundo replanteo en el funcionamiento de los organizaciones de inteligencia del Estado, que si bien deben seguir cumpliendo funciones en lo que se refiere a los grandes temas de inseguridad donde se requiere indagar sobre los focos delictivos, particulamente en el narcotráfico, por otro lado se debe evitar por todos los modos posibles que sean espiados los funcionarios y demás ciudadanos con objetivos aviesos que hacen al uso político de los secretos. Algo que hoy efectivamente ocurre y que debe institucionalmente tener fin.
