El espionaje y la tarea de inteligencia

Ha tenido especial trascendencia en estos días el denominado "Proyecto X". Sin embargo, la cuestión surgió hace más de un año, precisamente en noviembre de 2011, cuando tomó estado público el espionaje interno realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre las protestas realizadas contra la empresa Kraft Food en 2007, a la que le reclamaban mejoras salariales y la reincorporación de trabajadores despedidos. El Gobierno nacional ha insistido en que no se trata de una medida de presión, pero los hechos y las denuncias permiten concluir que sí existe efectivamente un exceso y un abuso peligrosos y cuestionables que alteran el cumplimiento de las leyes.

La ley 25.521 establece que ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, cumplir funciones policiales ni de investigación criminal, "salvo ante un requerimiento específico realizado por la autoridad judicial", mientras que la 25.326 dispone que los datos registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

Sin embargo, en contados casos -dentro del denominado Proyecto X- Gendarmería actuó en respuesta a solicitudes de la Justicia. Los documentos que ahora tomaron estado público, permiten determinar que dirigentes sociales de todas las villas de la Capital Federal y un listado de más de mil organizaciones, que incluye a gremios, entidades del campo y organismos de derechos humanos, fueron monitoreados por Gendarmería. En ninguno de estos últimos casos la información formaba parte de una causa judicial. Por el contrario, esas tareas de inteligencia están prohibidas por ley.

También se supo que en muchos casos los informes incluyeron  fotos de las movilizaciones o panfletos repartidos por los manifestantes. Más aún, la abogada defensora de los delegados de Kraft Food, ha denunciado que esas pruebas fueron utilizadas para iniciarles causas penales y "criminalizar" la protesta.

 Cuando legisladores de la oposición plantearon el tema, los representantes del Gobierno respondieron en términos inapropiados, como los del ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien calificó de "tarada" a "la conclusión a la que nos quieren llevar", y la ministra de Seguridad, Nilda Garré aseguró que el Proyecto X es sólo un software, una herramienta informativa pero no un plan secreto de espionaje.

Todos los países del mundo cuentan con organismos que realizan tareas de inteligencia, especialmente dirigidas a la defensa de la Nación. Lo cuestionable surge cuando esas acciones están destinadas al seguimiento interno para poner los informes a disposición de los intereses políticos. La ley argentina no impide hacer inteligencia pero ésta debe estar destinada para prevenir un delito y siempre y cuando ese material sea enviado a la Justicia. Sin embargo, muchos de los documentos de Gendarmería dejan entrever que la protesta social puede ser considerada un delito lo cual, dicho sea de paso, no se condice con el discurso del oficialismo.
La inquietud exige respuestas claras y convincentes por parte del gobierno y no exabruptos que sólo profundizan el manto de dudas.