El jefe del gobierno de Cataluña en funciones, Artur Mas, fue imputado ayer por la Justicia española por el referéndum simbólico sobre la independencia que convocó el 9 de noviembre en la región del noreste de España.
La decisión judicial llegó dos días después de las elecciones regionales del domingo pasado en Cataluña, a las que Mas otorgó carácter de plebiscito sobre la secesión de España tras no haber podido celebrar el año pasado un referéndum de verdad como pretendía.
La fiscalía lo acusa de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación por haber obviado al Tribunal Constitucional, que lo instó a no celebrar la votación. Se enfrenta a posibles penas de suspensión en el cargo e inhabilitación de hasta 10 años.
“Estamos ante un juicio político”, dijo la portavoz de su gobierno regional, Neus Munté, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo en Barcelona. “Hay enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo”, denunció.
En las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50% de los votos (47,8%).
Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevara a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.
Esta citación “es la mejor demostración de porqué tenemos que ser un país independiente”, aseguró a una radio el líder del partido independentista ERC (izquierda), Oriol Junqueras, aliado de Mas en la coalición Junts pel Sí, vencedora de las elecciones.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, señaló que la imputación no se produjo antes para no interferir en las elecciones.
Mas, que desde 2012 pedía la organización de un referéndum de autodeterminación denegada por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó esta consulta sin valor legal a pesar de la prohibición cautelar del Tribunal Constitucional, recurrido por el ejecutivo central.
En junio, esta corte certificó su ilegalidad argumentando que un gobierno regional no puede organizar cualquier tipo de consulta sobre cuestiones que superen sus competencias como la integridad territorial del país.
El presidente español, Mariano Rajoy repitió insistentemente que defenderá la “legalidad” y no permitirá la ruptura del país. Para ello, su formación, el Partido Popular (conservador), con mayoría absoluta, presentó una controvertida reforma urgente del Tribunal Constitucional.
