La Justicia española condenó ayer a cuatro años y medio de cárcel a Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI y ex ministro español de Economía, por malversaciones en su breve etapa como banquero, de 2010 a 2012.
En el caso conocido en España como el de las "tarjetas black", Rato y otras 64 personas estaban acusadas de desviar de las entidades Caja Madrid y Bankia 12 millones de euros entre 2003 y 2012, mediante el uso de dichas tarjetas bancarias, de las que disponían a discreción y sin declarar.
La Audiencia Nacional condenó a Rato, otrora figura del dirigente Partido Popular (conservador), como “autor criminalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida”.
Tanto él como los demás condenados cubrieron gastos personales con esas tarjetas, sin justificar ni declarar nada a la administración fiscal.
Entre los 64 hay un ex presidente de la patronal española (Gerardo Díaz Ferrán, dos años de cárcel), un ex ministro socialista (Virgilio Zapatero, ocho meses) y un ex jefe de la Casa del Rey (Rafael Spottorno, dos años).
Los gastos incluían fiestas, viajes y artículos de lujo, y su revelación causó vergüenza en una España en crisis y sometida a una severa cura de austeridad que se tradujo en recortes de sueldos y pensiones y aumentos de impuestos. Rato concretamente gastó con su tarjeta 99.054 euros, según la sentencia de ayer.
El de las “tarjetas black” por cierto es sólo uno de los tres casos a los que se enfrenta Rato. La Agencia Tributaria española acusa al ex ministro de un presunto fraude fiscal de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015, que habría consistido en una ocultación de rentas gracias a cuatro sociedades a su nombre, dos de ellas panameñas.
Por otro lado, Rato está imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad documental y administración desleal, junto a otros sospechosos, en una investigación sobre las condiciones de salida a bolsa de Bankia en 2011.
En el caso juzgado ayer, el que fuera ministro de Economía (1996-2004) y luego director del FMI (2004-2007) estaba acusado de mantener en 2010 “el sistema corrupto” creado por su predecesor Miguel Blesa al frente de Caja Madrid. Éste fue condenado por su lado a seis años de cárcel, tras desviar más de 436.000 euros.
Como parte de los esfuerzos para consolidar un sector bancario muy dañado por su exposición a la burbuja inmobiliaria, Rato había pilotado la fusión de Caja Madrid con otras seis cajas de ahorro, dando lugar en 2011 a la creación de Bankia.
Fraude en Bankia
El verano de ese mismo año se produjo la salida a bolsa de Bankia, pero ésta resultó desastrosa y terminó arruinando meses después a miles de pequeños accionistas.
Finalmente, el Estado español tuvo que nacionalizar Bankia al año siguiente inyectándole más de 22.000 millones de euros. La operación precipitó un rescate europeo de la banca española, por 41.300 millones de euros, concedido a cambio de exigencias de más austeridad por parte de Bruselas.
Con todo, Rato podría escapar a un ingreso inmediato en prisión si recurre la decisión. Ayer mismo, Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe, fue dejado en libertad provisional sin fianza pese a ser condenado la semana pasada.
No obstante, hace apenas un mes, la justicia española decidió mandar a prisión a cinco ex directivos de una caja de ahorros, NovaCaixaGalicia, condenados a dos años por malversación.
El cuñado del rey zafa, por ahora, de la cárcel
El cuñado del rey Felipe de España evitará la prisión pero deberá presentarse una vez al mes en un tribunal en Suiza, donde vive, mientras espera que el Tribunal Supremo resuelva su apelación por un veredicto de culpabilidad por fraude y evasión fiscal, falló un tribunal ayer.
El 17 de febrero, el tribunal provincial de las Islas Baleares sentenció a Iñaki Urdangarin a 6 años y 3 meses de prisión, pero la decisión debe ser revisada por el tribunal superior.
La corte provincial absolvió a la infanta Cristina de Borbón, pero le ordenó pagar una multa por beneficiarse de los tratos de su marido.
El fiscal había pedido prisión preventiva tanto para Urdangarin como para quien era su socio, Diego Torres, que fueron evitables con el pago de fianzas de 200.000 y 100.000 euros respectivamente. Un panel de jueces en Palma de Mallorca mantuvo la libertad provisional para ambos después de un debate de dos horas luego de la audiencia de ayer.
En el veredicto que puso fin a un juicio de un año que mantuvo atenta a España, los jueces dictaminaron que Torres y Urdangarin violaron leyes al aprovechar el estatus de este último para obtener contratos públicos en las Islas Baleares, relacionados con eventos deportivos. AP
